Foto: Martín Katz, Greenpeace
En 2021 el norte argentino perdió una superficie de bosques nativos equivalente a cinco veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El epicentro de la emergencia forestal fueron Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa, donde se destruyeron 110180 hectáreas. Casi la mitad ocurrió en la provincia gobernada por Gerardo Zamora, donde más del 80 % fue ilegal. Estos datos alarmantes, especialmente por el grave contexto climático, surgen del informe anual de Greenpeace sobre desmontes en Argentina, realizado a partir de la comparación de imágenes satelitales.
Por Valeria Foglia
Algunas claves:
- Santiago del Estero perdió 52 290 hectáreas de bosques, mayormente en la categoría II de protección –la amarilla–.
- Formosa tiene 29 165 hectáreas menos, incluido un corredor propuesto para proteger al yaguareté, monumento nacional que necesita unas cuarenta mil hectáreas continuas de bosque para alimentarse y reproducirse.
- Chaco: la Justicia provincial suspendió los desmontes en octubre de 2020, pero las topadoras arrasaron 18 068 hectáreas, muchas en lugares donde está prohibido. Tiene el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) vencido desde 2014.
- Salta perdió 10 657 hectáreas, incluidas setenta y cinco de un área protegida lindera a la reserva nacional Pizarro.
Algo huele mal en Santiago del Estero
La provincia norteña se llevó el triste récord nacional de deforestación en 2021. Sus bosques nativos son liquidados por el avance de la frontera agropecuaria, en gran medida para la ganadería, aunque los monocultivos también hacen su parte. En diálogo con Revista Sudestada, Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, apunta que la soja transgénica es uno de los principales motores de la deforestación en el norte.
Según el especialista, el Gobierno santiagueño no solo ejerce poco control, sino que habilita desmontes en áreas clasificadas como amarillas, donde no están permitidos. Los llama “desmontes por etapas”, disimulados como “manejos silvopastoriles” o “ganadería integrada al bosque”, pero que dejan el bosque como si fuese una plaza: quedan unos pocos árboles en pie y el resto lo reemplazan con pasturas.
¿Por qué estamos en emergencia forestal?
La alarma no se desató por uno o dos años de deforestación descontrolada. Aunque desde 2014 hubo una reducción respecto a niveles previos a la ley de bosques, el tema “es más complejo”. Para Giardini, “estamos en emergencia forestal no solo por lo que haya pasado en los últimos años, sino porque los últimos treinta años el nivel de deforestación de Argentina fue muy alto, estando entre los diez países que más deforestan a nivel mundial”. A este daño acumulado se suma el aumento de la deforestación ilegal y los incendios, que en 2020 estuvieron “empatados” en superficies afectadas.
Pero hay más: el desmonte es una de las principales fuentes de emisiones contaminantes después de la quema de combustibles fósiles. “Si sumáramos las emisiones por ganadería, agricultura y deforestación, estaríamos hablando del 37 % de nuestras emisiones”, detalla Giardini, que considera un combo inaceptable en términos de mitigación de la crisis climática y ecológica.
La desaparición de bosques es un problema regional: olas de calor, sequías prolongadas y mayor probabilidad de incendios son parte del combo. Pero también las inundaciones, ya que el bosque actúa como “esponja natural”. El chaqueño, por ejemplo, puede absorber en una hora diez veces más lluvia que una hectárea con soja.
La pérdida de bosques antiguos y especies nativas y variadas no solo es inconcebible en términos climáticos. Greenpeace alerta que más deforestación significa también “más desalojos de comunidades campesinas e indígenas, más desaparición de especies en peligro de extinción y más enfermedades”.
De sumideros naturales a bombas climáticas
En una suerte de toma y daca, los árboles absorben y capturan CO2 de la atmósfera, usan esa energía para desarrollarse y devuelven oxígeno. De hecho, los investigadores Paul Catanzaro y Anthony D’Amato sostienen que la mitad del peso de un árbol es CO2 almacenado. Y cuanto más viejos sean los bosques, más almacenan en copa, raíces, ramas y hasta hojas que se caen, afirman en Carbono forestal: una solución esencial natural para el cambio climático. Así se reduce la concentración de este gas de efecto invernadero (GEI) y aportan a regular la temperatura terrestre. Todos ganan.
Pero ¿qué pasa cuando grandes áreas boscosas son liquidadas por el avance extractivista? En lugar de ser reservorios de CO2, se transforman en fuentes de GEI. Lejos de mitigar la emergencia climática, la conversión de bosques a pasturas y zonas de cultivo, así como los suelos, los árboles y el resto de la flora calcinados por los incendios, liberan más CO2 a la atmósfera.
Ya en 2014 el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático advirtió que un 4,3 % de la deforestación mundial se producía en Argentina. Como resultado, en la primera década del siglo XXI el desmonte se convirtió en la principal fuente de emisiones de CO2 del norte del país.
Preservar y restaurar los bosques nativos que ya existen es mucho más efectivo que plantar nuevos árboles, que tardarían al menos una década en almacenar cantidades significativas de CO2. Tampoco ayuda plantar especies exóticas o crear bosques en zonas que históricamente tuvieron otros usos.
En un trabajo publicado en la prestigiosa revista Frontiers in Ecology and the Environment, investigadores del Conicet y otras instituciones de Chile, Nueva Zelanda y Estados Unidos, liderados por el Dr. Martín Núñez (Universidad Nacional del Comahue), aseguran que la invasión de pinos, eucaliptos y acacias, que demandan más agua, puede impactar negativamente sobre la biodiversidad y las comunidades. Y no hay certeza sobre cuán efectivas sean estas especies no autóctonas para el secuestro de CO2, ya que disminuyen el que se almacena en los suelos.
¿Qué hacer?
La ley 26.331 de 2007 se logró por presión popular, pero tiene límites. El OTBN realizado por cada provincia estableció áreas forestales en las que se prohíben los desmontes: son las categorías I -Rojo- y II -Amarillo-. Pero en Formosa, Buenos Aires y Corrientes dejaron amplias zonas en la categoría III -Verde-, donde se puede solicitar permisos. Este es, según Giardini, uno de los puntos flojos de la ley de bosques: habilita deforestar legalmente, algo que a la luz de la crisis climática debería ser reformulado.
En el norte, además, no se respetan las áreas de conservación: “En los últimos años pasamos de tener la mitad de la deforestación ilegal a tener un 80 %”, explica. Las multas livianas a empresarios y terratenientes no hacen la diferencia, y rara vez son obligados a reforestar. Si son muy altas, la opción es judicializar.
“Sí o sí necesitamos penalizar el desmonte ilegal y los incendios forestales intencionales, y algunos que tengan una alta negligencia, porque no podríamos cumplir la ley de bosques. Aunque mañana hubiera una ley que prohibiera la deforestación, si no se acompaña del delito penal no se podría aplicar”, opina Giardini.
La ley de bosques nunca recibió los fondos que corresponden: no menos del 0.3 % del presupuesto nacional y el 2 % de las retenciones a exportaciones agroganaderas y forestales. Giardini habla de responsabilidades compartidas entre los distintos Gobiernos nacionales, provinciales y los legisladores que aprueban presupuestos con recortes: “A veces las provincias se quejan de la falta de fondos, pero sus legisladores votan eso también”.
En 2021, mientras la gestión de Alberto Fernández asignaba menos del 5 % de lo que establece la ley de bosques, el entonces canciller Felipe Solá –que en 1996 habilitó la soja de Monsanto en el país– anunció que el Fondo Verde del Clima, mecanismo de Naciones Unidas, hizo “la donación más grande” a una nación latinoamericana para proteger estos ecosistemas: 82 millones de dólares por los “resultados de reducción de emisiones obtenidos por la implementación de la ley de bosques”. La letra chica dice que dicha reducción corresponde al período 2014-2016, mientras que, según el propio Ministerio de Ambiente, la tasa de deforestación volvió a aumentar en 2016-2018.
Ante un Gobierno dispuesto a sacrificar bienes comunes y naturales para hacerse de dólares, las luchas socioambientales crecen a ritmo sostenido en todo el territorio nacional. En el Bolsón, Córdoba y Chaco hubo movilizaciones inéditas en defensa de los bosques y contra los desalojos a comunidades campesinas. Con su destrucción se pierden fauna y flora, medios de vida y aportes fundamentales para hacer frente a la crisis climática, que se descargará cada vez con más fuerza sobre los sectores populares.
Los últimos conflictos mostraron que la protesta en las calles es decisiva, como se vio en Mendoza, Chubut y Río Negro contra la megaminería. También para instalar reclamos, como en el puente Rosario-Victoria por la ley de humedales y recientemente en la costa atlántica por “un mar sin petroleras”. Giardini coincide: “Los pueblos movilizados marcan el camino y señalan a los Gobiernos la necesidad de cambiar este modelo basado en el extractivismo”. Para empezar, hay que llamar a las cosas por su nombre: Argentina está en emergencia forestal.
