Este jueves la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) de Brasil podría autorizar la importación del trigo transgénico HB4 creado en Argentina por Bioceres y un equipo liderado por la bioquímica Raquel Chan de la Universidad Nacional del Litoral.
Por Valeria Foglia | @valeriafgl
Este trigo -promocionado como tolerante a la sequía- es resistente al herbicida glufosinato de amonio, quince veces más tóxico que el glifosato. Es lo que advierten más de mil cuatrocientos investigadores de treinta y cinco universidades argentinas agrupados en el Colectivo Trigo Limpio. Alicia Massarini, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires e investigadora adjunta del Conicet, conversó con Revista Sudestada sobre qué implica el primer trigo genéticamente modificado para consumo humano y el rol de la ciencia.
Cuando en octubre de 2020 Argentina se convirtió en el primer país en aprobar el trigo HB4 despertó, por distintas razones, el rechazo de organizaciones socioambientales, mercado triguero local y gran parte de la comunidad científica. Días después Trigo Limpio envió la primera carta a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura, Ganadería y Pesca y Ciencia, Tecnología e Innovación para que se dé marcha atrás con la resolución y se convoque a un debate con participación de la ciudadanía para “democratizar la toma de este tipo de decisiones”, como prevé el Acuerdo de Escazú ratificado por Argentina. En ese entonces la expectativa de los científicos era entrevistarse con los funcionarios, cuenta Massarini a Revista Sudestada, pero la respuesta oficial fue darles la espalda.
Hoy el escenario es otro, y la bióloga del Conicet no tiene esperanzas de que la presión social o los argumentos científicos basten para que la gestión del Frente de Todos desista de la aprobación. Por el contrario, tiene “la sensación de que en el Gobierno no hay receptividad para escuchar los argumentos científicos que estamos planteando”.
“La única expectativa en relación al Gobierno argentino es que, si en Brasil no se aprueba, seguramente aquí esto quedará congelado, por una lógica de mercado exportador”, dice Massarini. La Resolución 41/2020 publicada en el Boletín Oficial dejaba claro que la comercialización está sujeta a la decisión del país vecino, principal mercado del cereal argentino.
La consulta popular, la soberanía alimentaria y la evaluación de impactos socioambientales de este trigo son elementos clave que fueron dejados fuera de la ecuación tanto en Argentina como en Brasil, donde también hay resistencias. Para empezar, la Campaña Permanente contra los Agrotóxicos y por la Vida denuncia que el 22 de octubre, pocos días después de la aprobación en Argentina, la CTNBio apuró una audiencia a la que no fueron invitados representantes de derechos del consumidor.
En ambos países se iniciaron actividades y campañas de resistencia, como la que semanas atrás obligó a Havanna a bajarle el tono a su alianza “sustentable” con Bioceres, llamada “la boda del año” por algunos medios. El hashtag #ChauHavanna dio popularidad a las intenciones de la agroquímica nacida en Rosario hace casi dos décadas, que hoy tiene a Monsanto entre sus accionistas y ya cotiza en la bolsa de Nueva York, como desarrolló Patricio Eleisegui en Revista Sudestada hace unas semanas. Por su parte, el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (Idec) junta firmas en rechazo porque “no hay garantía de que el pan que comamos sea el mismo en sus características e impacto en nuestro organismo que un pan elaborado con trigo convencional”.
El trigo es básico en la alimentación en muchos países. Su modificación genética implica que la población se vea expuesta directamente a la ingesta de restos de glufosinato de amonio -prohibido en varios países- a través del agua y los alimentos (panes, pizzas, galletas y una lista interminable). Massarini señala que este plaguicida ya se usa en cultivos de maíz y soja debido a que el glifosato dejó de ser “eficiente” y proliferaron las malezas resistentes.
El riesgo aumenta si se considera que, pese a los esfuerzos, Argentina no cuenta aún con una ley de etiquetado claro de los productos de consumo. Pero aun con esta norma nadie podría estar realmente seguro de que el trigo transgénico no contamine al convencional vía polinización, transporte de semillas y acopio de granos, y esto sin contar el perjuicio para el desarrollo de la producción de trigo agroecológico.
La Campaña Permanente contra los Agrotóxicos habla de “descarte de la soberanía” a raíz de que el destino del trigo transgénico argentino está supeditado al visto bueno en Brasil. Según la organización socioambiental, en quince años de existencia la CTNBio jamás rechazó una sola solicitud sobre transgénicos. Con este antecedente, los activistas opinan que aprobar la importación y el consumo significa habilitar el posterior cultivo, una reedición de “la política de hechos consumados”. Por su tamaño y capacidad de exportación, si Brasil avanzara en cultivar trigo transgénico representaría una amenaza para los consumidores de todo el mundo.
Massarini coincide en el enfoque y también ve un “plan regional”: aprobación en Argentina, inicio de la investigación en Uruguay y eventual habilitación de importación y consumo en Brasil, donde “sin dudas hay una intención de que este trigo se cultive. Lógicamente, una vez que ingresa para consumo va a terminar sembrándose, ¿no?”.
Trigo Limpio se solidariza con la “resistencia de los hermanos y las hermanas de Brasil” y también advierte que “nos encontramos a días de que una decisión tomada por un Gobierno extranjero pueda marcar irremediablemente el destino de la soberanía alimentaria de nuestro país”.
El colectivo científico señala que el Gobierno de Alberto Fernández realiza “una nueva apuesta al agronegocio profundizando el modelo extractivista”, cuyas consecuencias sanitarias y ambientales negativas están expuestas de sobra en gran número de investigaciones.
Denuncian que se trata de un modelo que “concentra capital, reprimariza la economía, incrementa la dependencia, profundiza la desigualdad económica y social, destruye ecosistemas, amenaza la soberanía alimentaria y deja a su paso territorios devastados ambiental y socialmente”. En ese marco se inscribe la “iniciativa doscientos millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” por la que el Gobierno quiere aumentar en más de un 50 % la producción de granos para 2030, avanzando sobre un millón de hectáreas en zonas de exclusión y amortiguamiento, donde antes había restricciones para la aplicación de agrotóxicos.
El mercado triguero de Argentina rechazó el HB4, pero no por los mismos motivos que los pueblos fumigados y los pequeños productores agroecológicos que demuestran que se puede producir sin agrotóxicos ni fertilizantes sintéticos. Fue la incertidumbre que genera este trigo en el mercado internacional, que ya se había manifestado en 2004 en Estados Unidos, cuando Monsanto debió retirar su semilla tolerante al glifosato ante la negativa de sectores comerciales. Ahora mismo en Brasil una encuesta interna en la industria molinera indicó que un 85 % no está a favor del uso de trigo transgénico, mientras que un 90 % se mostró dispuesto a suspender las compras de trigo argentino. La decisión que adopte la CTNBio este jueves podría marcar un antes y un después en el peor de los sentidos.
La ciencia no es neutral
Pasaron veinticinco años desde que Felipe Solá, por entonces secretario de Agricultura de Carlos Menem, habilitara la primera soja transgénica resistente al glifosato. Hoy Argentina tiene un récord lamentable: se aplican 525 millones de litros de agrotóxicos por año -doce litros por habitante-, la mayor tasa a nivel mundial.
Todos los Gobiernos avalaron y financiaron ese modelo. El trigo HB4 fue anunciado tras quince años de investigación que pusieron a una universidad pública al servicio de aumentar la rentabilidad y disminuir los riesgos para el agronegocio multinacional, en un horizonte climático donde las sequías serán cada vez más frecuentes. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a cargo de Ricardo Salvarezza ofició de lobista de la “ciencia empresaria” al plantear que se trata de minimizar “las pérdidas de producción, mejorar la capacidad de adaptación de las plantas a situaciones de estrés hídrico y dar mayor previsibilidad a los rindes por hectárea”.
Para Massarini el caso del trigo transgénico reactualiza el debate acerca de “qué ciencia queremos hacer, para qué y para quién”. Así como celebra la solidaridad entre investigadores de Argentina y Brasil, que los llevó a intercambiar ideas y compartir actividades de resistencia con expertos reconocidos de la talla de Rubens Nodari en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, marca el contraste con la postura de Raquel Chan, promotora del trigo transgénico en Argentina.
Desde la década de 1990, con el inicio de la “universidad empresa” y la “ciencia utilitaria”, Massarini identifica que el quehacer científico quedó entrampado en una lógica de mercado y no apuntó al bien común. “Es penoso que en un país pobre como el nuestro la inversión en ciencia y tecnología vaya a parar en buena parte a fortalecer o subsidiar de alguna manera -con recursos humanos y proyectos financiados por el Estado- a empresas privadas”, agrega.
La investigadora del Conicet se lamenta de que el conocimiento producido en el sector público termine muchas veces apropiado y privatizado a través de patentes: “Esa es justamente la lógica de un capitalismo de mercado, no lo que deberían estar haciendo la ciencia y la tecnología en un país como el nuestro, donde hay problemas acuciantes a resolver como la vivienda, la alimentación, la salud, donde la ciencia podría estar jugando un papel importante y no lo está haciendo”.
El sentido de la política científica está en disputa, explica Massarini: “La ciencia no es neutral ni todo desarrollo científico es bueno para las mayorías”. El trigo transgénico es un buen ejemplo de eso. La investigadora aspira a que ese debate se instale más allá de la comunidad científica y abarque a todos los sectores sociales involucrados.
