A partir de la compra de las Taser por parte del gobierno nacional, y en comienzos de la campaña electoral, vuelve el debate del uso de la pistola eléctrica, un arma que puede ser letal y que se ha categorizado por organismos de derechos humanos como un elemento de tortura. “No existe tal cosa como un arma no letal. Si algo es un arma es porque permite lesionar, y lo que permite lesionar permite matar. Todo va a depender de cómo la uses. Un ejemplo clásico que ponen de arma no letal es el gas lacrimógeno. ¿Pero a Carlos Fuentealba qué lo mató? Un cartucho de gas lacrimógeno deliberadamente disparado contra la nuca. El 19 y 20 de diciembre de los 37 muertos y muertas que hubo en todo el país, una buena parte fueron por balas de goma a corta distancia”, sostuvo María Carmen Verdú, directora de Correpi.
Por Florencia Da Silva
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se ha posicionado sobre esto y expresó que “el uso de las armas tipo Tasers provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura, y en algunos casos, puede incluso causar la muerte”. Amnistía Internacional también ha remarcado su letalidad y también que “las armas tipo Taser son susceptibles de ser utilizadas para cometer abusos” debido a que son fáciles de usar y que pueden producir un dolor severo con solo apretar un botón. “¿Por qué tengo que elegir entre que me peguen un tiro y que me den una descarga eléctrica? Un instrumento que produce una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona se llama picana. Y en Argentina lo sabemos porque lo inventamos, y además lo sabemos porque lo hemos padecido muy duramente en nuestra historia no tan reciente y ¿a esas fuerzas de seguridad darles una herramienta de tortura para que anden por la calle?”, cuestionó Verdú.
Solo en Estados Unidos y Canadá se pudo contabilizar que entre 2018, 2019 y 2020 fallecieron más de 70 personas como consecuencia del arma que tiene una descarga de 50 mil voltios durante cinco segundos. “Acá todavía no hay registro del uso de la Taser. Pero en otros países hay muchísimos casos de muertes. En Estados Unidos hay un informe que menciona más de mil muertes. Hace dos meses hubo dos casos seguidos de muertes por Taser en EEUU. Uno es el primo de la mujer que fundó Black Lives Matter. Era un hombre joven y sin enfermedades preexistentes. Y al poco tiempo hubo otro más. Ambos afroamericanos”, explicó la directora de CORREPI. Keenan Anderson, de 31 años, fue una de las víctimas, y recibió dos descargas. Una de ellas duró 30 segundos. Murió de un paro cardíaco. Todo ocurrió a partir de un conflicto de tránsito.
A lo largo de los últimos años escuchamos distintos políticos hablando de su uso. En 2009 el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -con Mauricio Macri en la cabeza- había lanzado una licitación para comprarlas y dárselas a la Policía Metropolitana pero fue frenado por un amparo. Sergio Berni ya había manifestado su postura en 2015, cuando dijo que “no dudaría ni un segundo en que su Policía tuviera ese tipo de arma en algunos lugares”. En ese mismo año, Aníbal Fernández se había posicionado en contra de que el gobierno de Cambiemos compre las Taser y expresó que “para Macri es un placer ver a un tipo revolcándose en el piso torturado, tan sólo porque hizo una manifestación o algo por el estilo”.
Años más tarde, no quiso quedar atrás la ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich cuando en 2019 –mediante una resolución– decidió el reglamento para su uso y capacitación. Y en las ultimas semanas nos encontramos con que el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que después de haber dicho que Argentina no estaba lista para este tipo de armas, confirmó la compra de un centenar de Taser y que aseguró que también podrá utilizarlas la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, el PRO se unió al pedido y Horacio Rodríguez Larreta -quien será precandidato en las próximas elecciones- declaró en el comienzo de las sesiones extraordinarias en la Legislatura porteña que “Vamos a seguir insistiendo por el uso de las Taser”. Todo esto sucede a dos años de que la ex Ministra de Seguridad, Sabina Frederic, haya derogado en 2020 la posibilidad de tener estas pistolas electrónicas.
“Cuando empezaron a declarar sobre las Taser, me puse a buscar notas en CORREPI de los años 2013 al 2015, que fue cuando Macri comenzó a proponer su uso en el área metropolitana. Lo que decíamos en aquel momento era que algunos hagan mejor la crítica porque la policía federal, la de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba tenían Taser aunque no haya evidencia de uso concreto. Incluso me acuerdo que en 2010 cuando estaba militarizada Las Heras después del conflicto de los petroleros, el intendente kirchnerista las compró para la policía municipal en 2010. Entonces, eso demuestra que la queja es cuando el que la quiere usar es el otro”, opinó Verdú. Y agregó: “Otro detalle es que todos los años en los que aparece este debate de las Taser suceden en años de elecciones durante el inicio de la campaña electoral. Lo mismo sucede con la baja de edad de punibilidad, pena de muerte, endurecimiento del Código Penal. Son temas que utilizan en el discurso manodurista, demagogia punitivista que evidentemente atrae a un sector de la población”.
Darle una Taser a las fuerzas de seguridad, es darle un arma más a un grupo estatal que asesina a una persona cada 20 horas. El gatillo fácil es una realidad en nuestro país, se repiten casos y casos cada año. Ante una violación a los derechos humanos, remarcada por distintos organismos nacionales e internacionales, los gobiernos pueden tomar medidas. “Media docena de medidas que tomó Sabina Frederik bajaron el gatillo fácil de las fuerzas federales, no estrepitosamente pero sí sensiblemente. Y no eran medidas revolucionarias, era derogar los protocolos Bullrich: Volver a instalar como única norma lo que ya existía que era no poder dispararle a un tipo que está desarmado. No poder disparar a alguien que está de espaldas, por más que tenga un fierro apuntando para adelante. No poder disparar al que se escapa o al que tiene un cuchillo con el que evidentemente no puede disparar tiros”, planteó la directora de CORREPI. Además, remarcó: “El año de la resolución 956 en el que llamamos el año de la normativización de la doctrina Chocobar que autorizó el disparo contra personas desarmadas y yendo a la fuga, hubo 148 fusilamientos de gatillo fácil en todo el país. El año pasado hubo 80. Igual estamos muy mal porque hubo 319 muertes bajo custodia, pero eso es parte de otra problemática. Y un dato fundamental, una de las medidas que nosotros venimos reclamando hace años es la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio, que tampoco es una medida revolucionaria. Ni siquiera de la envergadura de lo que sería plantear que no esté armado el policía que está en la calle o que está en una estación de subte o tren, como sucede en Inglaterra y tantísimos países”.
