Foto: Patricia Rosas
A un año de obtenida la media sanción en Senadores, podría perder su avance en Diputados si no se aprueba la próxima semana. Massa, Manzur y el macrismo completo, en el equipo titular de los que no quieren consumidores conscientes.
Por Patricio Eleisegui
Una demora insalubre. Tras la enorme batalla encabezada por sendas organizaciones civiles y particulares, que redundó en una media sanción obtenida en la Cámara de Senadores en octubre de 2020, el proyecto de “Promoción de la Alimentación Saludable” –mejor conocido como “Ley de etiquetado frontal”– bordea el precipicio y, de no obtener un aval inmediato en Diputados, cerrará otro año sin aprobación definitiva.
La pausa no ha sido casual y mucho menos inocente: es hija directa del lobby combinado que, desde que se inició la discusión para hacer visibles en los envases los excesos de componentes nocivos para la salud, activaron compañías como Coca Cola, Molinos, Quilmes –que embotella productos de Danone, Nestlé y PepsiCo– y Arcor, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AMCHAM) y los ingenios de Salta, Jujuy y Tucumán nucleados en el Centro Azucarero Argentino (CAA).
Precisamente, estos actores acaban de mover uno de sus alfiles en el tablero de la política nacional para terminar de acorralar la iniciativa. Juan Manzur, flamante Jefe de Gabinete, es un personaje muy querido, por ejemplo, por la directiva de la marca de gaseosas –en redes sociales abundan imágenes de sus repetidos encuentros con ejecutivos de Coca Cola–.
En 2017, por rememorar una situación, se paseó por canales como TN para criticar la decisión macrista de fijarles impuestos a las bebidas azucaradas. Por supuesto que a Mauricio Macri y equipo lo que menos le importaba era la mejora nutricional de la población: la propuesta de entonces era meramente recaudatoria.
“Científicamente no está comprobado que el azúcar genere un daño para la salud”, declaró el ahora Jefe de Gabinete en una oportunidad. El mismo Manzur que es médico de profesión y supo encabezar la cartera nacional, justamente, de Salud.
En noviembre del año pasado, Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, chocó puños con este personaje en el aeropuerto de Tucumán. Y aprovechó para despacharse a muy poco de que el proyecto de etiquetado frontal superara la instancia de Senadores.
“Los productores azucareros tienen que estar tranquilos, porque poseen un grupo de diputados que pelean por los intereses de Tucumán mucho mejor de lo que puede hacer el Gobierno nacional, porque conoce el impacto en la economía regional mejor que nosotros”, declaró. Adivinen en qué cámara se terminó por trabar el avance del proyecto.
En este escenario, durante la mañana del viernes se conoció que la iniciativa se tratará en una sesión especial de Diputados a realizarse el próximo martes 5 de octubre. Intereses y diferencias tanto en el oficialismo nacional como en la oposición anulan cualquier posibilidad de pronóstico.
En un vivo reciente a través de la cuenta en Instagram de Revista Sudestada, Mijael Kaufman, cofundador de Consciente Colectivo, me acercó precisiones respecto de los alcances de “Promoción de la Alimentación Saludable” y por qué su aprobación inquieta a multinacionales, azucareros y, por supuesto, las grandes cadenas de súper e hipermercados.
“El proyecto que se aprobó en Senadores es la unificación de 15 propuestas que se fueron acercando. Hubo iniciativas de todos los colores políticos y se generó un proyecto superador que contó con la participación de actores de la sociedad civil y, también, la voz de la industria y las distintas cámaras empresarias. Tuvo su aprobación el 29 de octubre de 2020. Una vez que entró en Diputados se inició la demora”, contó.
“En cuanto entró en la Cámara de Diputados, la Presidencia estableció que el proyecto debía debatirse en 6 comisiones distintas. Ya el hecho de que 180 diputados tengan que pronunciarse al respecto complicaba el avance. Gracias a la militancia se logró que las comisiones para tratarlo se redujeran a 4. Se insistió y militó para que se trabaje en un plenario de esas 4 comisiones para evitar mayores dilaciones”, agregó.
Uno de los aspectos que más resalta del marco que se propone corresponde a la inclusión de octógonos negros en el frente de los envases de productos comestibles y bebibles colocados en góndola. A la par de explicarme las particularidades de esa acción, Kaufman me aclaró que la ley hoy congelada en Diputados contempla otros puntos determinantes en términos de protección de las y los consumidores.
“La inclusión de los octógonos es el punto más conocido. La ley establece que los productos con excesos deberán incluir esa figura en color negro y con un borde blanco para que realmente llame la atención. En el octógono se detallará, precisamente, el exceso del nutriente crítico que corresponda. Azúcares, sodio, calorías, grasas”, detalló.
“Ese aspecto ya representará un acceso a la información que al día de la fecha se está vulnerando. Se podrá ver, por ejemplo, en los envasados y ultraprocesados que hoy se comercializan en súper e hipermercados. Es valioso porque, además, pondrá en discusión cómo es nuestra alimentación bajo los patrones, justamente, de los supermercados. Alentará la pregunta respecto de cómo y dónde se produce aquello que consumimos”, afirmó.
En el diálogo que mantuvimos, Kaufman mencionó a Chile como el país que hizo punta en la adopción del etiquetado frontal a nivel región. También se destacan los marcos aprobados en México, Perú, Uruguay y Colombia, por mencionar otras experiencias en América latina.
“A partir de esa inclusión, el 25 por ciento de los productos de supermercado cambió su de composición en Chile. El etiquetado genera impacto en tanto empuja a la industria a modificar las recetas a los fines de tener cada vez menos octógonos, o directamente ninguno, y eso permite recuperar el interés de los consumidores”, precisó.
“Después de Chile viene México en términos de leyes que aportan esta información. Hay consenso incluso internacional en que, de aprobarse de forma definitiva este proyecto, Argentina pasará a contar con la mejor normativa de etiquetado a nivel mundial. En nuestro país apenas el 13 por ciento de la población entiende y sabe leer las etiquetas de los alimentos. La ley no habla de establecer prohibiciones sino, en todo caso, acercar información para una elección consciente de lo que se consume”, dijo.
Hay otros ítems clave en el proyecto de ley de “Promoción de la Alimentación Saludable”. Además de que los valores máximos de los componentes críticos se corresponderán con criterios fijados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el marco contempla la prohibición de publicidad y venta de productos que ostenten al menos un octógono en escuelas y colegios.
“También establece para el Estado la obligación de priorizar la compra de productos que no ostenten ningún exceso. Esto tendrá una repercusión positiva directa en merenderos y comedores, en las escuelas mismas, que todas las semanas reciben bolsones de comida”, comentó Kaufman.
Basta de manipular a la niñez
Más para destacar: la iniciativa establece que los envases que posean octógonos negros tampoco podrán tener información nutricional complementaria, logos o frases con publicidad, promoción, patrocinio o avales de sociedades científicas o asociaciones civiles, ni personajes infantiles, celebridades, deportistas o mascotas y la promesa de entrega de obsequios, premios o regalos, entre otros postulados.
“Por poner un ejemplo, Messi ya no podrá aparecer en una caja de cereales. Tampoco se podrá seguir jugando con lo perverso de utilizar figuras animadas para atraer a los niños. Por supuesto que esto no implicará un encarecimiento de los alimentos ni mucho menos. Quienes dicen eso están repitiendo falacias. Lo que se propone es avanzar hacia otro tipo de alimentación a partir del acceso a información que hasta ahora se oculta”, completó.
Consciente Colectivo, en combinación con SANAR (Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales), FIC Argentina, FAGRAN (Federación Argentina de Graduados en Nutrición), Consumidores Argentinos, FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables), viene de elevar sendas cartas a los presidentes de bloques e interbloques de la Cámara de Diputados –Massa incluido– para solicitar que convoquen a sesión y se apruebe el proyecto sin cambios ni más demoras.
Estas organizaciones remarcan una y otra vez la obligación de proteger el derecho a la salud. Condición que a los gobiernos les corresponde defender de forma irrenunciable. Por más rica que estos puedan considerar la financiación de campaña que prometan Coca Cola, Arcor o el creador del Danonino.
“La adopción de un etiquetado frontal de advertencia mediante ley constituye una medida necesaria y adecuada para proteger los derechos constitucionales a la salud, la alimentación adecuada y de consumidores/as. Como se ha demostrado por la evidencia científica libre de conflictos de interés, tanto nacional como internacional, no vulnera los derechos de libertad y comercio, sino que los limita proporcionalmente a las necesidades de protección de la salud. Asimismo, la normativa respeta el principio de autonomía de la voluntad”, expuso SANAR en un comunicado reciente.
“Desde esta perspectiva esta ley cumple con dos requisitos importantes: por un lado, pone el eje en el derecho humano a la salud, advirtiendo que ese producto, de acuerdo a la evidencia disponible, tiene componentes que ponen en riesgo a la salud. Y por el otro en la responsabilidad de quien coloca ese producto en el mercado, quien debe advertir del riesgo de lo que comercializa, respetando el deber de seguridad”, agregó.
SANAR enfatizó que la venta de comestibles con excesos de azúcar, sodio, sal y grasas “ha incrementado las enfermedades crónicas no transmisibles a partir de su incidencia en el aumento en la población del sobrepeso y obesidad”.
Se estima que, sólo en Argentina, la mala alimentación provoca males y enfermedades que se cobran la vida de al menos 140.000 personas por año.
