Foto: German Romeo Pena y Anred
Comenzó con la lucha de trabajadores de la educación que exigían por mejoras salariales. En paralelo, Morales comenzaba a gestar esta reforma que quita derechos, que se apropia territorios que pertenecen a comunidades originarias, que busca el saqueo de tierras para el beneficio de unos pocos, y que también criminaliza el derecho a manifestarse de quienes estén en desacuerdo. Las movilizaciones todavía no terminaron, pero ya hubo más de 68 detenidos, aunque en las últimas horas comenzaron a liberarlos. Además, como consecuencia de la represión en las movilizaciones, alrededor de 170 personas resultaron heridas.
Por Florencia Da Silva
“Lo que está pasando en la provincia hoy es una dictadura. Podemos hablar de terrorismo de Estado. Morales busca sembrar el miedo en la provincia con la quita de derechos, a través de esta reforma y de la persecución que muchos han podido ver en los últimos días. Sin embargo, esto es una cadena que se viene realizando desde hace un tiempo atrás”, sostuvo Johana Arce, comunicadora indígena que está actualmente en Jujuy. Además, agregó: “En cuanto a la reforma, fue un proyecto que se presentó y que en menos de 15 días fue aprobado por la Legislatura. Se espera que prontamente se pueda dar de baja esta reforma que quita derechos, como el poder manifestarse libremente, que genera contravenciones, que capitaliza y concentra los territorios bajo el dominio de la provincia, sacando el derecho a las comunidades, a los pobladores que habitan esta tierra, justamente para negocios y por intereses de empresas internacionales”
También, Arce comentó que hay medios locales que ya son perseguidos por comunicar. Están disparando a la prensa, están apurando y amenazando. “No hay libertad de expresión y no solamente contra la prensa, sino que también para cualquier persona que quiera comunicar lo que está pasando”, remarcó. Y añadió: “Más allá de que la quisieron pintar de hermosa, de que estaba respetando la diversidad cultural, lo que hace es limitar los derechos que son ancestrales y limitar cualquier derecho civil que se haya conquistado en los últimos tiempos”.
¿Por qué es tan importante la mirada ambiental y territorial sobre la reforma?
Hay que destacar que la provincia de Jujuy es uno de los lugares más importantes del país en relación a la reserva de litio. “La mayoría de las comunidades que hoy habitan los territorios que se disputan en Jujuy son comunidades originarias, de hecho se reconocen 700 comunidades. El Gobierno Provincial solamente reconoce el 10% de esa cantidad y es parte de lo que la reforma constitucional quería modificar: los criterios para acceder a la personería jurídica por parte de los pueblos originarios”, remarcó la activista ambiental y cofundadora de XR Argentina Flavia Broffoni.
Según denuncian activistas ambientalistas y desde las comunidades originarias de Jujuy, la reforma busca liberar el camino para la exploración y explotación minera en los territorios donde viven comunidades originarias. En el artículo 74 expresa que “la ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la Provincia”.
Lo que interpretan las comunidades de esto es que el gobierno quiere hacer una apropiación de sus tierras, ya que tendría una mayor facilidad para explotar el litio. “Hace pocos meses el propio Morales, muy ridículamente y a través de Twitter, lo invitó a Elon Musk a conocer las reservas de litio que tenía Jujuy. Eso siguió con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos diciendo que el triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile era absolutamente estratégico para los intereses nacionales de Estados Unidos. Acto seguido, Morales quiere modificar la Constitución, claramente centrando la explotación del litio como la estrategia económica que haría crecer a Jujuy como una provincia poderosa”, remarcó la cofundadora de XR Argentina.
Como sostuvo FARN en un reciente comunicado, esta reforma constitucional violó los derechos de acceso a la información, la participación ciudadana, la consulta previa libre e informada a pueblos indígenas, y el acceso a la justicia. Las comunidades originarias de Salinas Grandes y de Laguna de Guayatayoc reiteraron en un comunicado que no se les brindó información ni dieron consentimiento al gobierno de Jujuy para la explotación del Litio, como afirmó Morales. Este es un reclamo histórico en pos de la transparencia, el acceso a la información y la participación de las comunidades con respecto a lo que se hace en el territorio que es tan deseado por las mineras. Este año la Corte Suprema tuvo que intervenir para que brinde información sobre las autorizaciones de exploración y explotación minera. Morales sigue sin responder a ese pedido, y fue por atrás para dar pase libre a un saqueo colonialista que no beneficiaría a la ciudadanía.
“La pregunta que nadie se hace es ¿Quién verdaderamente necesita ese litio?, ¿Qué rol juega dentro de la transición energética? ¿Verdaderamente es un insumo necesario en una escala de 20 millones de toneladas, que son las reservas calculadas de Argentina, para la transición eléctrica de las matrices de subsistencia? ¿O lo va a comprar Elon Musk para las baterías de sus autos eléctricos, promoviendo la ‘movilidad sustentable’ en un contexto en el que la movilidad particular de ninguna manera es prioridad en una transición energética?. Se juegan los mismos patrones de siempre, de neo-extractivismo, ya sea progresista o populista, siempre colonialista, en donde en ningún caso fueron incluidas las comunidades que habitan los territorios en el proceso de toma de decisiones. Esa es la denuncia central, sobre todo en un territorio muy empobrecido, con los salarios docentes más bajos del país, en donde está claro que no es la intención del Gobierno distribuir las ganancias que la explotación de litio conlleve”, dijo Broffoni.
Por último, concluyó: “De hecho, si superponemos los territorios que supuestamente se deberían haber beneficiado de la explotación, sobre todo minera, coinciden perfectamente con los mapas de la extrema pobreza, con lo cual no hay ningún tipo de evidencia que pruebe que el extractivismo ha generado menos desigualdad, todo lo contrario”.
