Rehenes: Fujimori no quiere testigos

En Perú, en 1996, una toma de rehenes conmovió al mundo: un grupo de guerilleros del MRTA asaltaron la Embajada de Japón y desataron una inédita crisis. La trama del conflicto, la sanguinaria resolución, los crímenes del gobierno de Fujimori y la verdad detrás de la Operación Chavín de Huantar en una crónica que abre la serie #Rehenes en Sudestada.

Por: Hugo Montero

“El presidente Fujimori ordenó que no se tomaran prisioneros”

Informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos, fechado el 10 de junio de 1997.

La noche del 17 de diciembre de 1996, la historia de Perú cambiaría para siempre. No precisamente por la fastuosa fiesta que se estaba desarrollando en la residencia oficial del embajador japonés en Perú, Morihisha Aoki. Entonces, la excusa era la celebración del 63º aniversario del natalicio del emperador nipón Akihito, y para la velada se habían congregado unos 800 invitados, muchos de ellos hombres y mujeres de estrechos vínculos con el poder político y económico de Lima y de Tokio: la élite de un país que saludaba con simpatía la reelección del presidente Alberto Fujimori con el 64 por ciento de los votos, apenas un año atrás. Allí brindaban y conversaban entre sonrisas y buenos modales, cientos de diplomáticos, empresarios influyentes, funcionarios del gobierno y militares de alto rango.

Pero a las 8.20, se acabó la fiesta.

Una tremenda explosión hizo vibrar la mansión y abrió un humeante boquete en el muro del jardín trasero. De ese modo, la inexpugnable fortaleza, protegida por muros de más de 3,5 metros de altura, rejas en todas las ventanas, vidrios a prueba de balas y portones blindados, fue el escenario por el cual ingresaron, aprovechando la confusión y el aturdimiento de todos los invitados, catorce guerrilleros del Movimiento Revolucionario Túpac Amarú (MRTA) –doce hombres y dos mujeres–, disparando en todas direcciones y ordenando a todos que se tiraran al piso. Pese a que la seguridad del complejo estaba bajo el control de al menos 300 efectivos, entre policías y guardaespaldas fuertemente armados, nada pudieron hacer para contener al grupo guerrillero que sacó provecho del efecto sorpresa para tomar la iniciativa. El líder del grupo guerrillero, Néstor Cerpa Cartolini, buscó entre los invitados el embajador Aoki, y lo trasladó por la fuerza hasta la puerta de la residencia con un megáfono y órdenes precisas: debía exigirle a la policía que no disparara contra el edificio si no querían provocar una masacre.

De inmediato, se difundió por la prensa la primera de las exigencias de los guerrilleros que integraban el comando “Edgard Sánchez”: la liberación de 465 miembros del MRTA, prisioneros en las cárceles de Fujimori, entre los que estaban la propia esposa de Cerpa, Nancy Gilvonio, y la recientemente condenada ciudadana estadounidense Lori Berenson. El listado de reclamos también incluía una profunda crítica al programa de asistencia extranjera impulsado desde Japón para Perú, una condena por las “crueles e inhumanas” condiciones de reclusión de los presos en las cárceles y también exigía una revisión en las políticas gubernamentales de libre mercado, defendidas por la gestión Fujimori como puntos básicos de su gobierno.

Mientras tanto, todas las mujeres fueron liberadas la primera noche, incluida la madre del presidente Alberto Fujimori, y también los ancianos y aquellas personas que no tuvieran un vínculo directo con el gobierno peruano. En pocas horas casi la mitad de los rehenes quedaron en libertad.

Era el comienzo de la crisis de rehenes más importante de la historia peruana.

El gato y el ratón

Para Fujimori, la acción del MRTA era la peor de todas sus pesadillas. No sólo porque en el interior de la residencia se encontraban su madre y su hermano menor, Santiago; sino principalmente porque la decisión de los guerrilleros había dejado en ridículo a sus fuerzas de seguridad y a sus hombres de inteligencia. La afrenta era aún mayor si se contemplaba que, entre los rehenes, se encontraban algunos de los hombres más importantes de la policía y de las Fuerzas Armadas, como el almirante de la Marina, Luis Giampietri, y también oficiales de alto rango como el jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE), Máximo Rivera; y el anterior titular de esa misma fuerza, Carlos Domínguez. Por una vez, los cazadores habían caído en la trampa de su presa; aquellos que se jactaban de haber liquidado para siempre al terrorismo y la lucha armada en Perú, muchos de quienes habían anunciado por todos los medios la aniquilación de las organizaciones de la izquierda guerrillera, se veían ahora prisioneros de aquellos que habían dado por exterminados años atrás.

Pero eso no era todo: entre los invitados también estaban dirigentes políticos de peso, como Francisco Tudela, entonces ministro de Relaciones Exteriores, y Alejandro Toledo, ex candidato y futuro presidente de la República en el período 2001-2006, quien a poco de recuperar su libertad, como parte del gesto de buena voluntad de los guerrilleros, aseguró que cualquier intento de recuperar la residencia por la fuerza sería una acción “insensata”, graficó que los secuestradores estaban “armados hasta los dientes”, y que habían colocado muchos explosivos en las zonas estratégicas del edificio. El congresista Javier Díaz Canseco, por su parte, al ser liberado a poco de iniciada la toma, expresó ante los micrófonos de la prensa su voluntad de procurar una salida pacífica y emitió una opinión sobre los secuestradores: “Tienen entre 18 y 20 años de edad, 21 quizá… Son un grupo de fuerzas especiales, comandos. Creo que son jóvenes que quieren vivir. No quieren morir”.

Los diarios, al otro día, expresaron su preocupación por el regreso a un tipo de conflictividad que, pensaban, se había superado: “Es un revés de al menos cuatro años. Hemos regresado a ser un país sujeto al terror”, sintetizaba un editorialista del diario peruano más importante, El Comercio, el día después de la toma de la residencia.

Recién cinco días después de la toma, el presidente Fujimori hizo su primera declaración pública sobre la crisis. Frente a las cámaras, señaló que estaba dispuesto a buscar una salida negociada, pero que no excluía la alternativa militar; a la vez que consideró como “repugnante” el accionar del MRTA y anunció que no cedería a sus exigencias. Después de escuchar a Fujimori por televisión, la reacción de Cerpa Cartolini fue dirigirse a uno de los rehenes y anticiparle los acontecimientos que sobrevendrían: “A ustedes nosotros no los vamos a matar. Ustedes van a morir porque realmente el gobierno va a entrar acá con su fusil y va a arrasar, y lamentablemente tendremos que morir todos”.

Pese al vaticinio del guerrillero, Fujimori parecía dispuesto a cumplir con su palabra de priorizar una salida pacífica, tomó cartas en el asunto y se encargó de organizar el equipo de mediadores para asumir el arduo trabajo de la negociación con los guerrilleros. Esa primera delegación estaba integrada por el embajador canadiense Anthony Vincent (quien había permanecido como rehén durante los primeros días), el arzobispo Juan Luis Cipriani, y un delegado de la Cruz Roja Internacional, que ya había sido aceptado como nexo por el MRTA para establecer el diálogo con el gobierno. Pero eso no fue todo: el propio Presidente se encargó de viajar a Cuba para entrevistarse con Fidel Castro, dejando crecer los trascendidos que comenzaban a vincular ese viaje a La Habana con la clara intención de garantizar un exilio seguro para el grupo guerrillero, si deponían las armas y entregaban con vida a los rehenes. Del mismo modo, Fujimori aprovechó sus visitas a Canadá y Gran Bretaña, para analizar posibles destinos para que asilaran al grupo terrorista, dejando ver públicamente que la salida negociada figuraba como prioridad en la agenda de su gestión. Si bien algunos especialistas subrayaban que con estas actitudes Fujimori se contradecía con sus declaraciones previas (cuando había definido claramente que se trataba de “terroristas” y no de “guerrilleros”; es decir, que los primeros no podían someterse a las normas internacionales del asilo político), la mayoría de los peruanos percibía con optimismo el avance de un pacto que excluyera la opción violenta, que podría generar una previsible sangría en la residencia del embajador.

Desde marzo de 1997, evidentemente alentados por el gobierno, crecieron los rumores de un acuerdo inminente. Al parecer, los emerretistas aceptarían reducir sus exigencias hasta conformarse con la salida de prisión de los presos que no habían cometido crímenes, y con el asilo rumbo a Cuba. Todo parecía irse encaminando.

Sin embargo, las negociaciones nunca avanzaron más allá de la buena voluntad de los ocasionales interlocutores. En cada oportunidad en que el acuerdo parecía cercano, surgía algún aspecto controversial que volvía a frustrarlo y a enviar a todo el proceso a un nuevo punto de partida.  

De sindicalista a guerrillero

El MRTA como organización política había surgido en 1984, pero para 1996 todos los analistas estimaban que estaba al borde de la desaparición en el plano militar y sin capacidad logística ni operativa como para protagonizar una acción de las dimensiones de una toma de 800 rehenes. Liderada desde su origen y hasta su captura en 1992 por Víctor Polay Campos, con su caída el mando había pasado al entonces líder de las llamadas Fuerzas Especiales del MRTA, el ex dirigente sindical Néstor Cerpa Cartolini. Cerpa había ganado influencia por su rol como secretario general sindical durante la huelga en la fábrica textil Cromotex, que se extendió durante febrero de 1979. La huelga fue aplastada por la represión policial, y terminó con seis obreros asesinados durante la dictadura de Francisco Bermúdez. Detenido por la policía, Cerpa fue caracterizado, según el muy peculiar estilo del informe policial, como: “Un elemento subversivo, enemigo de la patria, sujeto peligroso, anarquista, traidor a la civilización occidental, hombre violento y soñador de utopías”.

Exactamente un año antes de la toma de la residencia en Lima, Cerpa Cartolini había planificado otra ambiciosa operación: nada menos que la toma del Congreso de la República. La misión finalmente se frustró por una delación, y la consecuencia directa fue la detención de 22 emerretistas que aguardaban en una casa operativo en Lima por la llegada de Cerpa Cartolini, quien se salvó de la pinza por el apuro policial.

Después de la recuperación de la residencia del embajador japonés, el destino del cadáver de Cerpa Cartolini fue, durante mucho tiempo, el secreto mejor guardado de la Inteligencia del Ejército. Pero con el tiempo y las primeras imputaciones contra el Estado peruano por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, se terminó conociendo que el líder emerretista estaba sepultado en un cementerio en el suburbano barrio limeño de Villa María del Triunfo. Allí se congregan, todos los años, devotos y admiradores de Cerpa Cartolini, quienes asisten con respeto al homenaje al líder guerrillero a quien consideran “un revolucionario”. Según registró un cronista del The New York Times al pie de su tumba, una mujer le aseguró, con lágrimas en los ojos: “Él luchó por nosotros, para los pobres. Mire cómo vivimos. Mire cómo morimos”.

Pero mucho antes del final, cuando todavía el MRTA disponía de la iniciativa y de los rehenes en sus manos, la situación era de una incertidumbre cada vez mayor. No sólo para todos los rehenes, sino también para los secuestradores, que tampoco tenían muy en claro cuál podía ser el epílogo de la acción. Y la demora en alcanzar un acuerdo fue desgastando la relación al interior del grupo, particularmente entre los ocho guerrilleros más jóvenes (todos de no más de 22 años) y con menor preparación política, que procedían del Frente Juan Santos Atahualpa, en la selva central. Para el embajador boliviano Jorge Gumucio, uno de los 71 rehenes liberados posteriormente, los jóvenes del MRTA: “También eran rehenes de su propia aventura. Lo único que querían era volver a la selva con un poco de plata en el bolsillo”.

Por otra parte, con el paso del tiempo comenzaron a ensancharse las diferencias entre los principales dirigentes del MRTA en la residencia, particularmente cuando el gobierno ofertó la liberación de 24 prisioneros y la salida al exilio en un último gesto conciliador. Entonces, a partir de los micrófonos colocados en el edificio, se pudo conocer que Cerpa Cartolini era partidario de aceptar la oferta, sin considerar esa elección como una capitulación, pero quedó en minoría ante la votación de los otros tres dirigentes: “Compañeros, yo creo que es la última vez que me atrevo a persistir con esta alternativa. Como decía Fidel, la historia me absolverá. Planteo que votemos sobre la propuesta. Mi voto es desistir por las razones expuestas”, dijo Cerpa poco antes de perder la votación. Por mayoría, se impuso la decisión de persistir con la toma.

En febrero de 1997, los rumores de una avanzada alternativa militar para rescatar a los rehenes comenzaron a ganar espacio en la prensa. El periódico La República anticipó la existencia de un “plan de intervención” que estaba siendo estudiado por la comandancia de las Fuerzas Armadas y había sido ideado por la Agencia de Inteligencia Militar y presentado a Fujimori. El rumor fue ganando credibilidad a partir del 17 de febrero, cuando The New York Times publicó más detalles sobre el secreto plan, incluyendo que requería de un rol “crucial” de parte de Estados Unidos, ya que quienes estaban designados para el asalto final serían militares entrenados en el Comando Sur norteamericano, con base en Panamá, desde diciembre del año anterior.

Por supuesto, los trascendidos también llegaron a oídos de Cerpa Cartolini, quien decidió suspender cualquier diálogo con el gobierno a partir de marzo, no sin antes denunciar ante los medios que por las noches escuchaban “ruidos extraños” debajo de la residencia, conjeturando que las Fuerzas Armadas estaban cavando túneles como parte de la táctica de asalto. También aseguró que, con la intención de disimular esos ruidos, el ejército había colocado altoparlantes alrededor de la residencia, desde donde difundían marchas militares a alto volumen (método justificado desde los mandos militares como un proceso de desgaste psicológico contra los guerrilleros), como así también desplegaban una constante táctica de maniobras con los tanques en las cercanías al lugar. El tiempo confirmaría que las sospechas de Cerpa Cartolini no podían estar más cercanas a la realidad.

Lo que el líder del MRTA no podía sospechar era que todas sus conversaciones, incluso aquellas más privadas estaban siendo escuchadas y registradas en video por la inteligencia del ejército. Micrófonos y hasta de una mini cámara de video habían sido ingresados a la residencia ocultos en libros, juegos de mesa y hasta en la funda de una guitarra, y trasladados en algunos de los viajes cotidianos de los mediadores. Hasta una pequeña radio había sido enviada y terminó en manos del almirante Giampietri, quien terminó actuando como informante de las fuerzas militares y como alfil clave en la previa al asalto final. Giampietri fue quien recibió la recomendación de informar a todos los rehenes que el día pautado para el rescate vistieran ropa clara, para evitar ser confundidos con los uniformes oscuros de los guerrilleros, como así también fue el encargado de informar la ubicación exacta de cada uno de los integrantes del MRTA en el edificio a escasos segundos de la primera explosión.

Asalto subterráneo

El 22 de abril de 1997 era la fecha marcada en rojo en el calendario de Fujimori. Ese día podía jugarse buena parte de la suerte de su segunda gestión al frente del gobierno. Su imagen positiva seguía en caída libre desde el inicio de la crisis de los rehenes, y ese 75 por ciento de valoración positiva, cifra record que había registrado semanas antes de la irrupción del MRTA en Lima, se había derrumbado hasta alcanzar apenas el 40 por ciento en el último registro, días antes del asalto final. A todo o nada se jugaba Fujimori; y en esa decisión más ligada a sus intereses políticos que a la preocupación por el desenlace del conflicto, estaba en juego la vida de 72 rehenes.

“Chavín de Huantar” era el nombre clave con el que se había bautizado la operación que podía llevar a Fujimori a la gloria o al desastre. La referencia era por un famoso reducto arqueológico de la ancestral cultura preincaica Chavín de Huantar; un templo construido bajo tierra y caracterizado por la gran cantidad de pasillos subterráneos. Al igual que sus ancestros incas, el plan urdido desde la Inteligencia de las Fuerzas Armadas dependía en casi su totalidad del éxito de una serie de pasadizos construidos durante semanas a tres metros bajo tierra. 24 mineros de La Oroya, empleados de la empresa estatal Centromin Perú fueron los que excavaron los cinco túneles utilizados por el comando militar desde las viviendas adyacentes a la residencia del embajador nipón. Como los ductos fueron terminados antes de lo previsto, los pobres mineros debieron aguardar recluidos y aislados de sus familias durante varios días, por lo que la prensa los consideró como “los otros rehenes”.

De modo que a las 15.23 se ordenó el inicio de la operación.

La decisión de realizar el asalto durante la tarde se debió, principalmente, a que los guerrilleros guardaban particular atención a las medidas de seguridad durante la noche, pero relajaban esas mismas normas en horas de la tarde. Incluso, para distender el clima entre ellos después de más de cuatro meses de tensiones, discusiones y temores, Cerpa Cartolini había permitido que se organizaran algunos partidos de fútbol en la sala más amplia de la residencia.

El asalto comenzó con la detonación simultánea de tres cargas explosivas desde el subsuelo de tres habitaciones diferentes. La primera explosión destruyó el piso donde estaban jugando al fútbol ocho guerrilleros. Tres de ellos murieron en el acto a causa de la explosión, pero el resto atinó a correr rumbo a las escaleras, con la intención de llegar al piso superior. Cerpa fue uno de los que cayó por los balazos en la escalera. A través de los huecos que dejaron los tres estallidos, comenzaron a irrumpir en la residencia los integrantes del comando, dispuestos a aniquilar cualquier foco de resistencia. Al mismo tiempo, una veintena de agentes hicieron su entrada por la puerta principal en procura de evitar fugas y colaborar con los comandos que disparaban en el interior del edificio. Por otros dos túneles que daban a los jardines traseros, ingresaron más efectivos y, utilizando escaleras móviles, ascendieron hasta el segundo piso con el objetivo de abrir las puertas blindadas con granadas, para permitir la salida de los cautivos por allí y de abrir nuevos boquetes en el techo para disparar a los guerrilleros que intentaran acercarse a las habitaciones de los prisioneros.

El único rehén que murió durante el operativo fue el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Giusti Acuña, quien cayó baleado por error por el fuego de los comandos del ejército. Los dos soldados muertos fueron el teniente coronel Juan Sandoval y el teniente Raúl Jiménez, quienes también murieron a causa de proyectiles disparados por sus propios camaradas en la confusión del asalto, según la pericia balística desarrollada posteriormente.

Minutos después de escuchados los últimos disparos, justo en momentos en que la bandera del MRTA, que ondeaba en el mástil de la residencia diplomática desde el comienzo de la crisis, era arriada y reemplazada por la enseña peruana, el presidente Fujimori hizo su aparición ante las cámaras vestido con chaleco antibalas, y abrazando a los rehenes rescatados. Segundos más tarde, la prensa difundió las imágenes de un Fujimori exultante, cantando las estrofas del himno nacional con el resto de los sobrevivientes. Lo que siguió después fue un macabro recorrido por la escena del combate: de ese modo, los fotógrafos pudieron registrar al Presidente junto a los cadáveres mutilados de los guerrilleros, particularmente atentos cuando Fujimori se detuvo ante el cuerpo de Cerpa Cartolini.

Si la victoria militar había sido concluyente para Fujimori (la muerte de tan solo uno de los 72 rehenes era señalado por los especialistas internacionales en tomas de rehenes como saldo “impecable” y “casi perfecto”), aún más gratificante resultaba el triunfo político que generaba la operación. En cuestión de horas, su popularidad se disparó hasta el 70 por ciento de imagen positiva, consiguió el elogio unánime de políticos oficialistas y opositores y recibió felicitaciones de mandatarios de los países de la región y del mundo. En síntesis, capitalizó casi en exclusividad todo el rédito de la exitosa operación, hasta tal extremo que los días posteriores intentó profundizar aún más ese suceso tergiversando la verdad de los hechos y presentándose como único planificador del operativo, secundado apenas por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), comandado por su mano derecha, Vladimiro Montesinos.

Claro que el aprovechamiento político de Fujimori requería de algunas maniobras de apuro, vitales para evitarse incómodas polémicas. Una de esas maniobras fue impedir que los cadáveres de los guerrilleros fueran retirados del escenario de los hechos por representantes de la Oficina del Fiscal General, como correspondía, sino que se hizo a través de fiscales militares. Pero eso no fue todo: los cuerpos no fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense para realizar la autopsia exigida por la ley, sino que terminaron en la morgue del Hospital de Policía. Allí se realizaron autopsias sin las normas profesionales mínimas exigidas, y los resultados de los estudios permanecieron en secreto hasta 2001. Por otro lado, se prohibió el ingreso de los familiares de los emerretistas para que identificaran los cadáveres y todos los cuerpos fueron sepultados en el más absoluto secreto, dispersos en una decena de cementerios limeños. Ante la exigencia de una ONG que solicitó a la Fiscalía General la pertinente identificación de los cuerpos, la oficina del fiscal respondió que se había resignado la jurisdicción del caso en manos del sistema de justicia militar. Semejante serie de irregularidades y de flagrantes violaciones a los convenios internacionales solo pudieron llevarse a cabo en virtud del clima de celebración y festejo del que gozó Fujimori y su gobierno durante esas primeras horas posteriores al asalto.

¿Pero cómo quedaba parada la comisión de garantes ante la embestida militar que ridiculizó sus gestiones durante meses y los transformó, ante la opinión pública, en una simple cortina de humo que apenas si se organizó para disimular la verdadera estrategia de Fujimori? Para el diplomático Anthony Vincent, integrante de la comisión de garantes que semanas antes advertía que las conversaciones con los guerrilleros podían llegar a buen puerto con un poco de decisión política, terminó confesando en una nota del The New York Times, que ese grupo había servido en realidad “como una cubierta para dar [a Fujimori] el tiempo de poner en su lugar los elementos físicos y políticos necesarios para un asalto”.

Para monseñor Cipriani, quien fuera la cabeza visible de la comisión, el saldo de la toma de rehenes no pudo terminar peor. Cuando la prensa consultó su sensación apenas conocida la noticia del ataque, el religioso opinó desde su nuevo domicilio en Europa: “Estoy desconcertado, abatido, defraudado, roto… Yo nunca esperaba ese final, ese terrible final. Durante los cuatro meses recé, luché y trabajé duro para lograr una salida pacífica”. Cipriani, luego de afirmar que Fujimori actuó “a sus espaldas” y que nada conocía de los planes del ejército, señaló con respecto a la sospecha de que podría haber ingresado micrófonos de forma voluntaria: “Sólo éramos garantes de una solución pacífica. Jamás cruzó por mi conciencia hacer el doble juego, y trabajar para el servicio de inteligencia”

La cacería y los fusilamientos

El primer organismo en contradecir la versión oficial, sintetizada por Fujimori cuando aclaró que todos los emerretistas habían muerto en combate, fue la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA), que comunicó en un informe que un guerrillero había sido detenido cuando intentaba fugarse disimulado como rehén, pero finalmente fue reconocido y detenido por un comando. El prisionero fue entregado a su superior y regresado al interior de la residencia, donde murió de una ráfaga de disparos en la cabeza. Según el mismo informe de la DIA, el soldado encargado de la ejecución maniobró mal el arma y disparó una ráfaga de metralla que destrozó el cráneo del emerretista cuando, en realidad, debería haber disparado una sola bala, razón por la cual luego intentó disimular el cadáver situándolo debajo del cuerpo de Cerpa Cartolini. El informe de la DIA confirma que la orden expresa del presidente Fujimori había sido “no dejar a ningún MRTA con vida”.

Sin embargo, la primera denuncia concreta de un testigo fue la del diplomático japonés Idetaka Ogura, quien aseguró en varias oportunidades que él había presenciado la captura de un guerrillero por parte de las fuerzas de seguridad, y que lo había visto detenido y maniatado junto a otros rehenes en una zona contigua a la residencia. Fue Ogura quien confirmó que el guerrillero, Eduardo Cruz Sánchez, Tito (el número 2 del MRTA dentro de la residencia), desesperado, pidió ayuda a algunos rehenes y pretendió hacerse pasar como rehén ante el asalto de los soldados, y asesorado por los cautivos se quitó el uniforme para intentar pasar inadvertido. Por ese motivo, al momento de su captura Tito vestía un pantalón azul y un pulóver verde. Sin embargo, en el jardín de una casa vecina, uno de los rehenes alertó a dos policías: “Éste no es un rehén, éste es terrorista”. Después de revisarlo, los policías lo esposaron y llamaron por radio al encargado del área de rescate, el coronel Jesús Zamudio Aliaga, para esperar órdenes. “Esperen, voy a mandar a recogerlo”, fueron las palabras de Zamudio, un hombre de extrema confianza de Montesinos. Cuando su nombre comenzó a vincularse con los fusilamientos, Zamudio señaló a la revista Caretas que durante el rescate su función fue garantizar la seguridad en el perímetro de la residencia y que siempre acató la orden del general José Zapata de “evitar el cruce de fuegos entre la seguridad externa –que ignoraba el momento del ataque– y los comandos operativos”. Pese a ello, una fotografía publicada en la misma revista, reveló que Zamudio se encontraba en la parte posterior del interior de la residencia, a muy corta distancia de donde se detuvo a Tito.

En su libro, El diálogo obstruido, Ogura aporta más detalles sobre las ejecuciones: “En ese momento vi detenidos a Cyntia y a otro guerrillero (no pude ver su cara). Cyntia gritaba. No pude captar bien si decía ‘No lo maten’ o ‘No me maten’”. En otro tramo del libro, el diplomático agrega: “Todos los rehenes que estábamos en la habitación I fuimos conducidos hacia la casa contigua por el túnel por el cuerpo especial. Ahí vi a Tito tirado en el suelo con las manos amarradas atrás. De esta escena he sido testigo junto con diez rehenes japoneses y siete rehenes peruanos. La casa vecina donde fuimos a refugiarnos estaba resguardada por el cuerpo de la Policía Nacional, pero Tito fue llevado de regreso a la residencia”.

Como respuesta a la denuncia de Ogura, el almirante Giampietri señaló indignado que el diplomático japonés había sostenido “un perfil dudoso” durante el secuestro, dejando entrever que había sido un colaboracionista del MRTA durante la crisis.

Pese a ello, otros testimonios confirmaron los dichos de Ogura. Dos agentes de policía ratificaron el diálogo con Zamudio y explicaron que entregaron el prisionero a un comando que se llevó esposado a Tito de regreso al interior de la residencia. Algunas horas más tarde, el presidente Fujimori posaba junto al cadáver de Tito con la cabeza destruida, ante todas las cámaras de televisión.

Un par de días más tarde, otro de los rehenes, el ex ministro de Agricultura Rodolfo Muñante, reconoció a una cronista del diario holandés De Volksrant que durante el operativo escuchó y vio a un emerretista quitarse el chaleco co n explosivos y entregarse, no sin antes gritar con claridad: “¡Me rindo!”. “Él intentó sacarse desesperadamente el armamento, el chaleco con granadas. Pero tenía tantas que no lo conseguía. Observé bien: él se entregó”. Sin embargo, horas más tarde Muñante negó sus propios dichos y aclaró que el humo de las explosiones “hacía imposible la visibilidad”, aún después de que la periodista Ineke Holt que lo entrevistó ofreciera el audio de la nota para confirmar sus dichos.

Por su parte, el periódico japonés Mainichi dio cuenta de que que “varios testigos” presenciaron cómo los militares capturaron con vida a los emerretistas Tito y Cintya, y añadió que, tras el asalto, los militares condujeron esposado a Tito por el mismo túnel por el que habían entrado a la residencia. Del mismo modo, el diario cita a testigos que vieron a Cintya capturada viva y que “en un momento se escuchó gritar: ¡No la maten!”, tras lo cual se perdió todo rastro de ella. Según testimonios de los rehenes recogidos por el diario La República, varios de ellos habían escuchado los gritos de rendición de uno de los jóvenes guerrilleros, y con respecto a las dos chicas emerretistas explicaron a la prensa: “Las chicas se asustaron tanto que sólo atinaron a gritar que se rendían, que no las mataran”.

Una vez que el caso cayó en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la situación legal del gobierno de Perú empeoró a nivel internacional. En su conclusión, la CIDH confirma que tres miembros del MRTA fueron ejecutados extrajudicialmente “cuando se encontraban en custodia de agentes estatales y, al momento de la ejecución, no representaban una amenaza para sus captores”. También estimaba que la intervención de la justicia militar en el caso fue “ilegal” y señalan que el Estado peruano: “No ha llevado a cabo una investigación diligente y efectiva de los hechos, ni ha determinado las responsabilidades sobre los autores materiales e intelectuales de los mismos”.

Ante la coincidencia de los testimonios, a la Fiscalía General no le quedó otra opción que abrir un proceso de investigación para confirmar la existencia de ejecuciones y para indagar en la cadena de mando de la orden de fusilamiento.

La exhumación del cadáver de Tito validó aún más la hipótesis del fusilamiento, ya que los exámenes forenses revelaron que el guerrillero había muerto como consecuencia de un disparo que le perforó la región anterior del cuello, “una zona poco accesible para un tirador”, según consta en el reporte forense. Es decir: la bala entró desde un ángulo difícil de adjudicarle a un disparo ocasional de un tiroteo, y desde escasa distancia. El mismo informe ratificó que ocho de los catorce guerrilleros tenían orificios de bala en la nuca, y que los disparos se habían efectuado de atrás hacia adelante, signo inequívoco de haber recibido un tiro de gracia.

Sin condena, sin respuestas

Durante varios años se desarrolló en Lima, con más pausa que prisa, el proceso por las presuntas ejecuciones extrajudiciales. Desde el principio, se aclaró que los que estaban siendo juzgados no eran los integrantes del grupo comando que protagonizó el rescate, sino una cadena de mando paralela, conformado especialmente para ejecutar prisioneros rendidos o sobrevivientes, en la que figuraban Vladimiro Montesinos (ex asesor presidencial), Nicolás Hermoza Ríos (ex comandante general del Ejército), Roberto Huamán Azcurra (ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional) y Jesús Zamudio Aliaga. Ellos cuatro eran los que encabezan el grupo del SIN conocido con el nombre de “gallinazos” durante la recuperación, quienes entraron en acción catorce minutos después de iniciada la operación con la consigna de “rematar” a cualquier sobreviviente del MRTA.

Esa limitación judicial de no poder inquietar a ningún integrante del grupo comando –considerados como “héroes nacionales” por la prensa y los políticos de turno–, no hizo otra cosa que complejizar la investigación. Para la fiscalía, los emerretistas Eduardo Cruz Sánchez, Tito, Víctor Peceros Pedraza y Luz Meléndez Cueva fueron capturados vivos y luego ejecutados.

Pese a ello, la conclusión de tantas irregularidades fue la absolución de los acusados por parte del tribunal de la Corte Superior de la Base Naval del Callao, en un fallo difundido recién en octubre de 2012 donde la misma sala admite que la “ejecución arbitraria” de Tito está probada pero se considera incapaz de poder identificar la cadena de mando. Para la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, Gloria Cano: “La sala ha emitido una sentencia bastante contradictoria, en principio, por lo que ha señalado, ya que incluso indicó que la fiscalía ha llevado mal el caso, que el fiscal se ha contradicho al emitir su alegato oral y el escrito”.

Sin embargo, vale adjuntar aquí que Montesinos y Hermoza purgan otra condena de 25 años de prisión por el asesinato de 25 civiles, así como también Roberto Huamán, libre desde 2011 luego de nueve años preso sin sentencia, y Zamudio, quien sigue prófugo de la justicia pero que, extrañamente, en 2008 no tuvo problemas para renovar su documento de identidad para cobrar la pensión por jubilación.

La pregunta que carece de respuesta todavía es por qué se ordenó la ejecución de los emerretistas. ¿Qué razón motivó a quien dio la orden de ejecutar a todos los sobrevivientes? El periodista de Discovery Channel, Sally Bowen, propone una hipótesis interesante: “Los del MRTA hicieron quedar como estúpidos a los servicios militares y de inteligencia. La mayoría de los catorce guerrilleros era muy joven y venía de la selva. Aunque finalmente no obtuvieran lo que buscaban, mancillaron el orgullo de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia. Debían vengarse”.

Lo que ningún cronista tampoco profundizó entonces fue la actitud de los emerretistas con los rehenes, durante el asalto. Según todos los testimonios, está claro que varios de los guerrilleros alcanzaron las habitaciones donde permanecían cuerpo a tierra los cautivos, y si hubieran querido, podrían haber disparado sobre ellos. Sin embargo, no lo hicieron. El rehén y ex jefe de la DINCOTE, Máximo Rivera Díaz, confesó que apenas iniciado el rescate, uno de los emerretistas ingresó a la habitación donde estaba y les habló: “Leo entró al cuarto y nos dijo: ‘tírense al suelo, nomás, no levanten la cabeza’”. Rodolfo Muñante aportó otro testimonio en ese mismo sentido, cuando describe la situación de extrema confusión y miedo que se respiraba en el primer piso a poco de iniciado el fuego de los comandos. Muñante comenta que un guerrillero abrió la puerta donde él estaba y, desencajado, encañonó a todos los presentes, pero un segundo más tarde bajó el arma y salió al pasillo: “No sé qué pasó, no sé si dudó, pero vi tristeza en sus ojos. Tal vez por la orden de matarnos o quizá porque vio su vida desperdiciada. Salió sin matar a nadie, sin lanzar ni una granada. Me dio la impresión de que el muchacho estaba arrepentido”.

La conclusión evidente es que si la decisión de los guerrilleros hubiera sido la de ejecutar a los rehenes, el accionar de los comandos no lo hubiera podido impedir, al menos en cuanto a disparar sobre una considerable cantidad de prisioneros. Es más, la operación en su concepción original se tenía que desarrollar en un estimado de 6 minutos. Finalmente, demoró 16 minutos, tiempo suficiente para que alguno de los guerrilleros intentara al menos disparar a varios grupos de rehenes, si esa hubiese sido su voluntad.

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