Rehenes #3. Caso Ingrid Betancourt: las mentiras del señor Uribe

Sur de Colombia, julio de 2008. El gobierno de Álvaro Uribe le vende a la prensa una impecable “Operación Jaque” que permite la liberación de Ingrid Betancourt, rehén de las FARC desde 2002. Pero detrás del rescate que conmociona al país, se teje una red de mentiras, traiciones y absurdos que van desnudando el fraude. Tercera entrega de la serie #Rehenes en Sudestada.

Por Hugo Montero

“Los errores se pueden perdonar cuando son de buena fe, pero la mentira no, porque se le hace un daño imperdonable al país”

Álvaro Uribe, presidente de Colombia, a poco de explicar que su primera versión de los hechos no se había ajustado demasiado a la verdad, debido a un engaño de las Fuerzas Armadas.

Frente a ella, una ráfaga de flashes iluminó su rostro. Cientos de micrófonos la rodearon de inmediato y desde la platea de periodistas que habían desbordado la sede del Comando Aéreo de Transporte Militar en Bogotá, empezaron a llover preguntas a los gritos. Entonces, Ingrid Betancourt, ataviada aún con uniforme y sombrero militar y dispuesta a ofrecer una enorme sonrisa a todas las cámaras de los reporteros, esperó un momento de sosiego entre tantas expectación para pedir la palabra. “Gracias al Ejército mío, de mi patria, Colombia. Creo que es una impecable operación” alcanzó a pronunciar, antes que sus palabras se vieran cubiertas con el espeso color de las lágrimas de felicidad. “He llorado mucho mientras estuve secuestrada; ahora lloro de alegría”, explicó, poco antes de confirmar que tanto tiempo en cautiverio no habían disminuido sus aspiraciones a la presidencia de Colombia: “Sí, sigo con la ilusión de servir a Colombia, si desde la presidencia, sólo Dios sabe”.

Estaba libre. Libre después de un cautiverio de seis años, cuatro meses y nueve días que parecía no tendría fin para la ciudadana franco-colombiana y ex candidata a la presidencia por el Partido Verde. Libre, desde aquel sombrío día de febrero de 2002, cuando se dirigía a la zona de distensión establecida por el entonces mandatario Andrés Pastrana, con el objeto de participar de las conversaciones de paz con la guerrilla. Con ella, también había sido apresada su asesora, Clara Rojas. Desde entonces, en poder de las Fuerzas Armadas de la Revolución de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua de la región, Ingrid se transformó en la rehén de la guerrilla de mayor valía en términos políticos, no sólo por su condición de personaje público y aspirante a la presidencia, sino por la preocupación que generó su secuestro de parte del Estado francés, debido a su doble ciudadanía. Desde la selva, fue testigo de cientos de negociaciones trabadas, frustrados operativos de rescate y mediaciones fracasadas en una rutina que recién alcanzó un cierre el martes 2 de julio de 2008, cuando fue rescatada en una operación donde también recuperaron su libertad tres “contratistas” estadounidenses (a decir verdad, se trataba de asesores del Departamento de Defensa y de la compañía Northrop Grumman), siete miembros del Ejército Nacional y cuatro policías.

“Operación Jaque” fue el nombre elegido para bautizar a la maniobra del ejército que recorrió las primeras planas de todos los diarios del mundo. Se trataba, ni más ni menos, que del operativo de rescate de rehenes más efectivo de la historia: se habían rescatado quince de los más valiosos rehenes de manos de la guerrilla más poderosa del continente, el despliegue militar se ejecutó en territorio enemigo y sin mediar un solo disparo ni una sola víctima por lamentar. Lo que se dice una operación ejemplar.

No demoraron en llegar los llamados telefónicos y telegramas con las felicitaciones de cientos de mandatarios de todo el mundo, elogiando al presidente Álvaro Uribe Velez por el rotundo éxito de la maniobra; un éxito imprevisto y hasta inconcebible para muchos de los analistas que habían estudiado en profundidad el presente del conflicto colombiano, entrecruzado por variables aún más problemáticas como la influencia del narcotráfico y la presencia militar de Estados Unidos en el país desde el inicio del llamado “Plan Colombia”. Es que, si bien las FARC habían recibido en los últimos meses algunos golpes importantes de parte del ejército, seguían manteniendo su influencia en amplias regiones del país, y conservaban un potencial logístico que no permitía avizorar que pudieran padecer un traspié de tanta importancia.

En cuestión de horas, la imagen positiva del presidente Uribe ascendió a registros récords, y ya nadie recordó sus problemas con la Corte Suprema, tampoco se mencionó sus vínculos con las fuerzas paramilitares, ni mucho menos las denuncias por haber financiado parte de su campaña presidencia con dinero del narcotráfico. Nadie mejor que Uribe conocía la importancia del golpe de efecto mediático después del triunfo, y se preparó para capitalizarlo hasta el final. Al menos, hasta que la prensa comenzó a hacerse las preguntas elementales, a subrayar los aspectos contradictorios o inverosímiles de la versión oficial, y a cotejar el relato del operativo con la verdad de las imágenes y las pruebas que comenzarían a teñir a la “Operación Jaque” de un color gris de duda y engaño.

¿La operación perfecta?

Voceros del gobierno insistieron desde un principio en que la “Operación Jaque” se trató de una efectiva acción basada en dos elementos clave: la inteligencia y la infiltración. Según la versión oficial difundida a pocas horas del rescate de los quince rehenes, el primer paso en el diseño del plan de inteligencia se generó cuando el subintendente policial, Jhon Frank Pinchao, escapó en abril de 2007, después de doce días de caminata y de permanecer nueve años en cautiverio en las prisiones de las FARC. La información brindada por Pinchao resultó el primer eslabón para dar con la ubicación precisa de Betancourt y los rehenes estadounidenses, los prisioneros más valiosos y más celosamente custodiados por las FARC. Otra fuente oficial destaca que la liberación de las rehenes Clara Rojas y Consuelo González, en enero del mismo año y con las intermediación clave del gobierno de Venezuela, había aportado en realidad la información más certera con respecto a la ubicación concreta de los rehenes.

Agentes de inteligencia ya habían denunciado el supuesto avistamiento de los rehenes americanos, supuestamente detectados mientras se bañaban en el río Inírida, situado en el selvático departamento de Guaviare, más precisamente en las localidades de La Paz y Tomachipán, unos 400 kilómetros al sur de Bogotá. Del mismo modo, se contaban con algunas certezas con respecto a que los rehenes estaban divididos en tres grupos, lo que dificultaba cualquier operación de rescate militar, ya que antes de cualquier intento era preciso reunir a la mayor cantidad posible en un solo campamento. Al parecer, a partir de la confirmación de ese dato comenzaron los esfuerzos por infiltrar agentes del ejército colombiano en el Frente Primero de las FARC.

El éxito rotundo de la operación impidió que cualquier periodista se hiciera eco, al menos en los primeros días, de la temeraria explicación brindada ante los micrófonos por el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien afirmó que la estrategia de infiltración había llegado al extremo de posicionar agentes del Estado en el mismísimo secretariado de las FARC. Estos espías habían tenido como tarea prioritaria convencer a dos cuadros regionales de la guerrilla de la necesidad de trasladar a los secuestrados a una misma zona, con la intención de llevarlos ante el comandante guerrillero, Alfonso Cano, para dar inicio a un proceso de intercambio humanitario.

La acción de infiltración funcionó con los guerrilleros Gerardo Antonio Aguilar, César, de 46 años y Alexander Farfán, Gafas, quienes tenían a su cargo la seguridad de los rehenes. Primero, siempre según el relato brindado desde el Ministerio de Defensa, se le comunicó a César la nueva orden referida a la reunión de prisioneros, después se lo persuadió para que no intentara comunicarse con sus superiores por medio del teléfono satelital, con el pretexto de que podían ser detectados por las fuerzas enemigas. El tercer paso fue exigir el traslado de los rehenes hasta un paraje donde un helicóptero de una organización humanitaria, que pretendía ayudar a las FARC, los transportaría hasta la Comandancia donde esperaba Cano. 

Para entonces, el ejército ya había ideado el ardid de formar una Organización No Gubernamental (ONG) ficticia, a partir de pintar de blanco un helicóptero militar Mil Mi-17, destinado a facilitar el traslado de los rehenes. Cuando llegó la hora de la cita pautada con los guerrilleros en un claro selvático, con una ingenuidad extrañísima, los dos combatientes de las FARC subieron a los quince rehenes al aparato y abordaron ellos mismos, pero dejaron sus armas a sus camaradas en tierra. En pocos segundos, ya surcando el cielo de Colombia, los militares abandonaron la fachada humanitaria y redujeron a los insurgentes ante la mirada incrédula de los rehenes, que no terminaban de comprender lo que sucedía ante sus ojos.

“Somos el Ejército Nacional, están en libertad”, afirmó entonces el jefe del operativo, confirmando el éxito de la maniobra que había demorado apenas 22 minutos y 13 segundos de acción. Allí comenzó otro periplo diferente, aquel que se basaría en las negociaciones secretas entre los rehenes y el gobierno para brindar una versión uniforme de los hechos y ajustada a las necesidades propagandísticas de los organizadores, y también sería el tiempo de la capitalización política de la acción por parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Mentiras peligrosas

“Este debate hay que elevarlo. Que un Estado engañe a un enemigo no lo cuestiona ni San Francisco de Asís”, afirmó el presidente Uribe en clara posición defensiva, apenas comenzaron a rodar por los medios los rumores sobre actitudes poco claras y hasta procedimientos ilegales durante el operativo de rescate.

El primer elemento cuestionado de la “Operación Jaque” apareció muy tibiamente cuando desde la cadena estadounidense CNN se destacó que el equipo de rescate del ejército había utilizado emblemas de la Cruz Roja Internacional para hacer más verosímil su fachada “humanitaria”. El origen de la denuncia de CNN fue un video de 58 minutos ofrecido a 60 mil dólares por una fuente anónima del Ministerio de Defensa, que la señal americana rechazó pero que sí aceptó, semanas después, pagar y transmitir el canal privado RCN Televisión. Pero además, hasta en la transmisión oficial del rescate, editada por los militares colombianos, se advierte la presencia de un símbolo de la Cruz Roja en el chaleco de uno de los comandos protagonistas de la acción. La raíz del conflicto es que ese uso viola claramente el artículo 230 del Reglamento de la Convención de La Haya, que prohíbe categóricamente el uso indebido de signos protectores, así como también el artículo 37 del Protocolo adicional de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de víctimas de conflictos armados internacionales. En ese artículo se señala: “Constituirán perfidia los actos que, apelando a la buena fe de un adversario con intención de traicionarla, den a entender a éste que tiene derecho a protección, o que está obligado a concederla, de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados”.

Ante la fuerza incontrastable de la prueba, al presidente Uribe no le quedó otra opción que reconocer el error, e intentar reparar el daño frente a la opinión pública con una explicación tendiente a reducir el impacto de la manipulación: “Un oficial, equivocadamente y contrariando las órdenes dadas, reconoció que producto de su nerviosismo, al observar la cantidad de guerrilleros armados alrededor del helicóptero, se puso sobre el chaleco un peto de tela que llevaba el símbolo de la Cruz Roja”. Después de las rápidas disculpas del presidente Uribe, la Cruz Roja Internacional anunció que no iniciaría acciones legales contra el gobierno de Colombia, a través de su vocero en Ginebra, Florian Westphal.

En esa instancia, la misma Ingrid Betancourt respaldó la versión del gobierno, al relatar desde un principio que ignoraba el uso de símbolos humanitarios entre los rescatistas, ante la poco espontánea consulta del propio Uribe ante las cámaras de televisión: “Por supuesto que miré, señor Presidente. En los años que llevamos como rehenes nos hemos convertido en expertos en identificar a quienes nos vienen a ver. Eso es lo extraño. Vi un helicóptero blanco y me dije, ¿qué es esto? ¿Francia? No. ¿La Cruz Roja? ¿No? No había símbolos, no había emblemas”, afirmó convincente.

Sin embargo, una semana más tarde, cuando parecía que el gobierno había logrado tranquilizar las aguas de un potencial conflicto jurídico de dimensiones internacionales, se difundió más material audiovisual del rescate que llegaba a desmentir la aclaración de Uribe. En un video filtrado por un miembro del Ejército colombiano, se observa con claridad la franja roja sobre la pintura blanca del helicóptero, pero también que el chaleco con el símbolo de la Cruz Roja ya había sido utilizado desde el primero de los ensayos realizados en una finca campesina en el sur del país, un par de días antes de la operación. En el mismo audiovisual, sobre el final de la cinta, se muestra al grupo comando que protagonizó la operación improvisando una hoguera con todos los distintivos utilizados, como un intento irrefutable por eliminar la evidencia comprometedora. De ese modo, se confirmó que la utilización del símbolo no fue ocasional sino más bien premeditado.

La divulgación de ese material secreto enfureció a las autoridades colombianas: “La filtración fue un acto de deslealtad, inclusive de traición a la patria, porque pone en riesgo a las personas que participaron de la operación”, protestó el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos ante la novedad que dejaba tan mal parado al presidente Uribe y su explicación del “nervioso soldado” con el logo de la Cruz Roja. Por su parte, el ministro Santos aseveró, fastidioso ante las preguntas del periodismo: “Vamos a averiguar qué fue lo que sucedió y por qué se nos dijo lo que se nos dijo. Vamos a tomar también las acciones del caso. En el gobierno hemos procurado decir siempre la verdad. Si hubiésemos sabido que el logo se había utilizado desde un principio, lo hubiéramos dicho sin ningún problema”. La reacción del gobierno ante un nuevo mal paso, fue anunciar que los integrantes del comando que tomaron parte en la “Operación Jaque” no serían condecorados con la Cruz de Boyacá, máxima orden de mérito colombiana, como un intento tardío por distender la situación con la Cruz Roja.

Pero los problemas no se quedarían allí. El siguiente elementos controversial fue la utilización del registro legal de Global Humanitaria, una ONG real con sede en Barcelona, aún después de confirmar desde el gobierno que lo que se había utilizado era una ONG ficticia de nombre “Misión Humanitaria Internacional”. Si bien el general Freddy Padilla afirmó en primera instancia: “No dimos ningún nombre a la supuesta organización ni pusimos ningún logo”, lo cierto es que el invento del gobierno colombiano tenía su propia página web (que desapareció de Internet el día después de la denuncia de CNN), y allí figuraba el registro legal de la ONG real, cuyas autoridades anunciaron que estudiarían la posibilidad de accionar legalmente por la usurpación de sus datos jurídicos: su número de registro (el 22.695), su imagen corporativa, la fecha de inscripción (2 de noviembre de 1999) y hasta su definición de principios, por poner en riesgo “su trabajo y su neutralidad”. De hecho, el logo del pájaro naranja sobre tres círculos celestes que aparecía pegado en un costado del helicóptero de rescate es idéntico al utilizado por la ONG real con sede en España. La directora de Global Humanitaria Colombia, Lina María Correa, además de detallar que la ONG se definía como una fundación laica dedicada desde hace más de diez años a mejorar la vida de los niños del Tercer Mundo a través de programas de cooperación comunitarios y de confirmar su presencia en Colombia desde 1998, aclaró: “Estamos sorprendidos porque nuestra posición y nuestro trabajo es muy neutral. No tenemos nada que ver con esta ONG ficticia. No hemos hecho nunca gestiones humanitarias delante de las FARC”.

El tercer punto que profundizó la polémica fue la visualización, en el video oficial del rescate, de falsos periodistas dentro del helicóptero de rescate MI 17, con micrófonos con los símbolos de los canales Telesur, con sede en Caracas, y Ecuavisa, de Quito. Si bien el objetivo del gobierno era brindarle aún más confianza al grupo guerrillero que entregaría a los prisioneros, ya que estaban comprometidos periodistas de medios internacionales, la utilización de esos símbolos de un modo inconsulto generó la critica del periodista Jorge Enrique Botero, quien señaló que: “Poner unos falsos periodistas en la escena es alarmante para quienes ejercemos la profesión, pues eso podría ponernos en riesgo”. Ciertamente, no hace falta esforzarse mucho para imaginar cuan dañada puede quedar la imagen neutral de la prensa en el futuro en el conflicto colombiano, después de este episodio donde se utilizó como cebo para la trampa montada contra los guerrilleros.

El último elementos controversial recibido por el gobierno fue a partir del presunto apoyo extranjero durante la “Operación Jaque”. Si bien desde el principio el ministro Santos aseveró enfáticamente que no había existido aporte alguno de parte de ningún otro país y que la operación había sido “cien por ciento colombiana”. La única salvedad reconocida por el Ministerio de Defensa fue el aprovechamiento de una aeronave de vigilancia de Estados Unidos, que se ocupó de monitorear el operativo a la distancia. Pero las informaciones contrapuestas no tardaron en llegar. Un periodista de Los Angeles Times, por caso, afirmó que el aporte de Washington para la misión consistió además en un avión de transporte y un equipo médico para los rehenes liberados, y el diario alemán Der Spiegel notificó que al menos desde septiembre de 2008 se venían utilizando satélites estadounidenses para rastrear la localización de los secuestrados en la selva colombiana. De hecho, el portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, Gordon Johndroe, señaló que su organismo había apoyado la operación al proporcionar “apoyo específico” a través del embajador estadounidense en Bogotá y del jefe del Comando Sur del Ejército, James Stavridis.

Por otro lado, también el periodismo puso énfasis en el rol jugado por la agencia Global CST, la compañía de seguridad que pertenece a dos ex oficiales del ejército israelí. La agencia habría firmado con el Estado colombiano un contrato por 10 millones de dólares a cambio de asesoramiento y equipamiento de seguridad; y si bien se mencionó que se había utilizado tecnología israelí durante el rastreo de los rehenes (Israel es el principal proveedor de armas de Colombia), esta información no fue confirmada.

Sin embargo, ningún factor de controversia alcanzó la magnitud de la denuncia por haber financiado el rescate a cambio de una enorme suma de dinero.

La batalla y la pantalla

“Como comandante de las Fuerzas Militares niego que el gobierno de Colombia haya cancelado un solo centavo por esta operación”, afirmó indignado, el general Freddy Padilla, después de definir esas versiones como “patadas de ahogados” de organizaciones simpatizantes de las FARC en el exterior, en un intento por frenar la serie de rumores y especulaciones cada vez más lógicas que comenzaban a expandirse en los medios de comunicación locales e internacionales. En sintonía, el comandante a cargo del operativo, el general Mario Montoya, aseguró a viva voz que toda la operación no costó más de 1.700 dólares en total y que de ningún modo se le había pagado a nadie para facilitar la acción. De todos modos, el virus de la duda ya había alcanzado a todas las redacciones del país, y desde entonces todos los analistas colombianos se repetían las mismas preguntas: ¿y si la versión deslizada por la Radio Suiza Romanda (RSR) fuera cierta, y el rescate más perfecto del siglo hubiera sido, en realidad, un vulgar intercambio comercial? ¿Y si era verdad que el gobierno colombiano desembolsó 20 millones de dólares (otras conjeturas llegan a elevar la cifra hasta los 100 millones) a algunos dirigentes de las FARC para montar el operativo de propaganda más importante de la década? ¿Y si era cierto que la intención del gobierno colombiano fue catapultar la imagen positiva del entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos como candidato a la presidencia del país en 2010, mostrándolo como el gran estratega de la operación?

De a poco, esa fue la versión que comenzó a ganar espacio en la prensa, y a esa versión se sumó la hipótesis del analista venezolano Luis Britto García y del periodista español Pascual Serrano. Para ellos, cuando el ejército engañó a los guerrilleros y recuperó a los rehenes, las FARC justamente se encontraban a mitad del proceso de liberación unilateral. “Las guerras, incluso las de liberación, no se pelean en los campos de batalla sino en las pantallas de televisión”, afirmó Britto García, dando cuenta de un fenómeno que confirma el cada vez mayor poder de influencia de los operativos de prensa. El objetivo del gobierno, según el mismo analista, era interceptar la comitiva guerrillera con los rehenes, que tenía previsto entregarlos la semana siguiente, y presentar el acontecimiento como un exitoso y valiente rescate, montando una acción propagandística fuera de serie para anotarse así un éxito de incalculable valor político, con la complicidad imprescindible del enorme montaje mediático. Por esa razón, según avanza el intelectual venezolano, se ocultó a la prensa la información brindada por el diario El País de Madrid semanas antes, donde se mencionaba la presencia en Colombia de dos delegados europeos, el antiguo cónsul francés en Bogotá Noel Sáez y el diplomático suizo Jean Pierre Gontard, encargados de negociar con la guerrilla para la liberación humanitaria de un grupo de prisioneros. Con la autorización del gobierno de Uribe y el visto bueno de las FARC, la delegación europea avanzó en las negociaciones a tal extremo que anunció la intención de la guerrilla de canjear a unos 40 rehenes, Ingrid Betancourt entre ellos, a cambio de 500 guerrilleros presos en las cárceles del Estado. En ese momento, la novedad significaba la reapertura de un canal de comunicación con la jefatura de las FARC, que permanecía cerrada después del asesinato del guerrillero Raúl Reyes en territorio ecuatoriano en marzo de de 2008. Sin embargo, el gobierno ocultaba otras intenciones: había utilizado equipamiento electrónico de seguimiento a través de la vestimenta de los delegados europeos para seguir sus pasos con atención y para detectar el lugar elegido para la inminente entrega. Se estaba montando, desde esta perspectiva, la maniobra de propaganda que habría de cambiar la historia de Colombia para siempre.

En síntesis, la presunción es que los jefes guerrilleros ya estaban preparando los detalles para una inminente entrega de prisioneros, y de allí su ingenua disposición a colaborar con la “misión humanitaria” que ocultaba una operación del ejército colombiano. A último momento, el gobierno dio un golpe de timón e interceptó la entrega de prisioneros para presentarlo ante el mundo como una operación de rescate exitosa en un ejercicio de manipulación de la opinión pública con pocos precedentes en la historia moderna.

¿Cien millones de razones?

En cuanto a la versión del intercambio financiero, algunos episodios en extremo curiosos terminan por dar verosimilitud a esa hipótesis: en primera instancia, la decisión de los dos guerrilleros de las FARC de abordar el helicóptero desarmados, en una actitud de ratifica la plena confianza de los insurgentes de que estaba en marcha el operativo de rescate tal como se había pactado con anterioridad. De hecho, el resto de la columna guerrillera se mantuvo alejada al menos a cien metros de distancia del helicóptero en todo momento, para permitir que el abordaje se realizara sin ningún contratiempo.

El segundo factor que genera desconfianza fue el difundido desde la versión oficial que señala que César habría sido engañado por un agente imitador de la voz del jefe guerrillero Alfonso Cano, quien brindó la orden de reunir a los prisioneros, divididos en tres grupos y distantes unos 50 kilómetros entre sí, para trasladarlos 150 kilómetros al norte, al lugar de encuentro. Si la caminata de los cautivos demoró un mes y medio, es muy poco creíble que durante todo ese tiempo el guerrillero a cargo del traslado no haya recibido nuevas órdenes de la comandancia o hay reclamado alguna confirmación por radio. Por otro lado, es menos verosímil aún aceptar que el trabajo de infiltración del Ejército rindió tan provechosos frutos en apenas tres semanas de trabajo. “Los convencimos de que estaban hablando entre ellos mismos”, señaló con una sonrisa triunfadora el general Montoya, dando cuenta de un nivel de ineptitud e impericia extremo para una guerrilla con cuatro décadas de combate sobre sus espaldas.

Un tercer elemento que despierta las suspicacias de la prensa internacional es el excelente estado físico del que gozaba Ingrid Betancourt al momento de su rescate, estado que viene a contradecir la imagen de la rehén delgada, lánguida y enfermiza que habían difundido esos mismos medios poco antes del final de su cautiverio. En todo caso, puede presumirse que la excelente condición de Betancourt se debía a la cercanía de la liberación y al inicio de la operación de entrega, pautada con mucho tiempo de antelación.

Otra variable que despierta las dudas es la del desconocido paradero actual de los guerrilleros capturados. No sólo eso: también llama mucho la atención la rapidez en que fue aprobada la extradición a los Estados Unidos del guerrillero César. Apenas un año después de ejecutada la operación, César viajó rumbo a Estados Unidos, decisión que generó no pocas suspicacias, donde fue sentenciado igual de rápidamente a 20 años de prisión por tráfico de drogas. Gafas, por su parte, no fue extraditado (según se adujo, porque su delito se cometió enteramente en el país) pero sí sentenciado a 19 años de prisión por el secuestro de los tres contratistas estadounidenses. En ese sentido, las autoridades colombianas se han movido con absoluta reserva, impidiendo cualquier contacto entre los guerrilleros detenidos y los medios de comunicación.

En ese mismo sentido, Wikileaks difundió en 2011 un cable enviado desde la embajada de Estados Unidos en Bogotá hacia el Departamento de Estado en Washington, una semana antes de la “Operación Jaque”, donde se afirma que el guerrillero César se mantenía en contacto con el gobierno de Uribe a través de la Iglesia para negociar un viaje seguro a Francia, con su esposa Doris Ariadna (también miembro de las FARC, detenida desde febrero de 2008 y en la lista de extraditables por narcotráfico) e hija, a cambio de la liberación de Betancourt. Por otro lado, el documental del periodista Gonzalo Guillén, Operación Jaque, una jugada no tan maestra, da cuenta de la exigencia de 100 millones de dólares de parte de César y Gafas y también de reuniones secretas entre el mando guerrillero y delegados del gobierno, la DEA y el FBI en plena selva colombiana. Según Guillén, el propio presidente Uribe había ofrecido entregar la suma de 100 millones de dólares a cambio de la libertad de Ingrid Betancourt y del resto de los prisioneros en manos de las FARC, y además se comprometió públicamente a no extraditar a los guerrilleros que aceptaran entregar a los rehenes.

“Todavía no entiendo cuál es la utilidad de montar una mentira porque, en todo caso, el resultado fue espectacular: liberaron a 15 personas sin daño para nadie. Creo que si hubieran pagado mil millones en vez de cien millones de dólares porque la gente recuperara su libertad, me habría parecido igualmente maravilloso”, señala el cronista colombiano, desautorizado por el ministro Santos, quien lo señaló como “idiota útil” que le hace el juego a la guerrilla.

En realidad, el presidente Uribe había declarado ante los medios en dos oportunidades, el 25 de mayo y el 4 de junio, la voluntad por parte del Estado colombiano de beneficiar a cualquier integrante de las FARC que facilitara la liberación de Betancourt. En la primera declaración manifestó: “El gobierno ha recibido llamadas de las FARC, en las cuales algunos cabecillas anuncian su decisión de retirarse y de entregar a Ingrid Betancourt, si el gobierno les garantiza libertad. La respuesta del gobierno es sí, se les garantiza la libertad”. Un par de semanas más tarde, la oferta se volvía más atractiva todavía, al aseverar la existencia de un fondo reservado de 100 millones de dólares para quienes entregaran a los rehenes, además de comprometerse a buscar “mecanismos jurídicos” para beneficiar a los entregadores y tramitar su exilio en algún destino a acordar. Es decir, ante la prensa local, el presidente Uribe explicaba en detalle la parte silenciada de la operación que, de modo evidente, ya había comenzado. 

De parte del secretariado de las FARC, se negó la efectividad del supuesto trabajo de inteligencia y persuasión desarrollado por el ejército, y se puso el acento en la traición de los dos combatientes. “La fuga de quince prisioneros de guerra, el pasado 15 de julio, fue consecuencia de la despreciable conducta de César y Enrique que traicionaron su compromiso revolucionario y la confianza que en ellos se depositó; independiente de de un episodio como el sucedido inherente a cualquier confrontación política y militar donde se presentan victorias y reveses mantenemos vigente nuestra política por concretar acuerdos humanitarios que logren el intercambio y además protejan a la población civil de los efectos del conflicto. De persistir en el rescate como única vía, el gobierno debe asumir todas las consecuencias de su temeraria y aventurera decisión”. El escueto comunicado de las FARC no clarifica algunos puntos controversiales clave, como la existencia o no de un acuerdo económico. De modo que no queda claro si el pacto financiero, de haber existido, se manejó de modo privado entre el gobierno y los cuadros medios de las FARC, o formaron parte de la negociación los altos mandos guerrilleros.

En definitiva y según la opinión de los especialistas en el conflicto, si es cierta la versión del engaño del que fueron víctima los guerrilleros, la actitud del gobierno colombiano no hace otra cosa que desestimular cualquier acción futura tendiente al intercambio humanitario de prisioneros y entorpece aún más la salida dialogada a una crisis que atraviesa los últimos cincuenta años de historia en el país.

En la madeja de mentiras, falsedades y operaciones de prensa, esta vez en mitad de una negociación entre el gobierno de Santos y la jefatura de las FARC en Europa, todavía hoy millones de colombianos se siguen preguntando, en relación a la “Operación Jaque” si algún día se conocerá toda la verdad.

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