Los gobiernos nacional y cordobés promueven una autovía para sacar transgénicos y minerales estratégicos a través de puertos extranjeros. Cumplen con la agenda del IIRSA, un proyecto faraónico digitado por los países centrales y las corporaciones para garantizarse materias primas industriales. Palos, violación de derechos humanos y resistencia popular.
No rige sólo para la Argentina. El extractivismo en tanto modelo y fenómeno acumula décadas promoviendo acciones en pos de rehacer el mapa de América Latina de acuerdo a la conveniencia económica del momento y la perspectiva. Asume a la región como un todo divisible según las prioridades geopolíticas y productivas de las naciones centrales y sus corporaciones más representativas. Y considera que los territorios son espacios de usufructo que deben amoldarse a partir de los requerimientos del sistema según el momento histórico que se transita.
Empresas locales y gobiernos domésticos operan en sintonía para que esto pueda llevarse a cabo mediante una agenda coordinada que redunda en políticas de Estado a favor del sistema.
Esa división de las geografías según este interés tiene en la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) a uno de sus pilares actuales. Se trata de un plan fondeado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otras organizaciones, que apunta a integrar los sistemas de transporte, telecomunicaciones y energía de nuestra región con el fin de acentuar la exportación de materias primas a las potencias.
En el caso argentino, la mira está puesta en profundizar la salida al exterior de productos surgidos del agronegocio transgénico, minerales estratégicos para tecnológicas y automotrices –litio, tierras raras, coltán–, metales precios como el oro y la plata, hidrocarburos, maderas, carnes de feedlot y combustibles clave para la transición energética del Primer Mundo como el hidrógeno verde.
Para hacer efectivo esto, los popes de IIRSA dibujaron el plano de una autovía que afectará de un modo irreversible los ecosistemas y el devenir socioambiental de gran parte del territorio de la provincia de Córdoba.
El proyecto de nueva ruta 38 pretende atravesar el valle de Punilla como parte del corredor bioceánico Porto Alegre-Coquimbo para conectar puertos de comercio extractivista. La construcción de esa carretera para el transporte pesado y de alta velocidad implicará la instalación de al menos 20 puentes y se extenderá sobre ocho cuencas hídricas fundamentales para el abastecimiento de las y los cordobeses. Asimismo, el trazado se desplegará sobre miles de hectáreas de bosque protegido y obligará al desplazamiento de al menos medio centenar de familias.
La imposición de este capítulo de IIRSA viene llevándose a cabo con todos los ingredientes que caracterizan al cóctel del saqueo ambiental: violación de leyes y tratados internacionales, veto a la participación ciudadana, licitaciones a escondidas, persecución y violencia policial. Palo y palo de las fuerzas represivas del Estado.
Durante la madrugada del 10 de mayo ocurrió, justamente, uno de los ataques más virulentos concretados por elementos de la policía y la infantería provincial contra vecinas y vecinos de Punilla. Los uniformados irrumpieron en un acampe establecido a pocos metros del ex peaje de Molinari, siempre sobre la actual ruta 38, y a puro golpe desalojaron el lugar.
Así lo contó Eugenia, de la Asamblea San Roque, a una radio cordobesa: “El día lunes posterior a la instalación del acampe hubo una importante presencia policial, de infantería. Tuvimos una situación de estar cercados por las fuerzas policiales, gente que quería acercarse al acampe no podía llegar al lugar. Este acampe se ubicó a 1.500 metros de la ruta 38, camino a La Candelaria”.
“Esperaron a la noche, cuando quedaron pocas personas de guardia. Unas cuatro personas. Cerca de las 4 de la mañana hicieron una emboscada al acampe, en plena oscuridad. Estábamos en medio del monte, no hay alumbrado público. Empezaron a los gritos, sacaron a la rastra a quienes estábamos en las carpas. Sin decirnos quiénes eran, sin orden de desalojo. No podíamos ver porque nos ponían la luz en la cara. En el intento de huir nos encontrábamos con compañeras agarradas por los policías”, detalló.
Las y los vecinos agrupados del valle de Punilla divulgaron más detalles en un comunicado que trascendió el mismo 10 de mayo.
“Policías varones agarraron violentamente a mujeres, algo también ilegal. No mostraron ninguna orden de desalojo ni hubo posibilidad de diálogo. Esto es totalmente fuera de la ley, violatorio de leyes nacionales e internacionales. Las personas estamos sin heridas graves, pero en estado de shock psíquico por el maltrato y la agresividad. Nos llevaron de los pelos y nos arrastraron descalzos por la calle”, se informó.
Marcela Fernández es abogada y representante legal de la Asamblea Permanente de Punilla. En una comunicación de esta semana me contó que el proceso comenzó en 2017 con una audiencia pública para discutir la construcción de un puente sobre el lago San Roque. Este evento dio paso, rápidamente, a la construcción de un primer tramo de la autovía que destruyó bosque nativo y afectó escurrimientos de agua.
“El tema está judicializado porque, entre otros aspectos, no se consultó a las comunidades originarias de la zona para llevar a cabo el proyecto. La Justicia ha sido lenta a la hora de dar respuestas. Las irregularidades son múltiples: en la página Web de las consultas públicas constatamos deficiencias con escribano público. Se omitieron anexos y estudios finos. La gente agotó todas las posibilidades y luego avanzó con un acampe en una banquina. Luego vino el desalojo con una violencia inusitada y a pesar de que las y los vecinos ejercían su derecho legítimo a protestar”, comentó.
La autovía y el desastre socioambiental
Uno de los efectos dramáticos derivados de la eventual construcción de la autovía 38 refiere a la disponibilidad de agua para gran parte de la provincia.
“El estudio de impacto ambiental presentado no describe ni prevé el daño en las cuencas hídricas que se verán afectadas. El problema es que ya Punilla se encuentra en una situación de colapso ambiental gravísima y el año pasado los incendios arrasaron el área”, señaló al respecto Medardo Ávila Vázquez, médico de la Red Universitaria de Ambiente y Salud y secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Córdoba.
Soja y minerales, expuso el profesional de la salud, son los productos con prioridad que transitarán a través de Punilla. “Es para sacar estos productos directamente a través de los puertos del Pacífico y ya no por Rosario. La ruta viene derecho de Porto Alegre, Brasil, cruza Santa Fe y cuando llega a Córdoba se encuentra con las sierras. En vez de rodear estas sierras por Deán Funes, que es llano y sólo implicaría extender el trazado unos 40 kilómetros más, se propone atravesar todo Punilla y eso destruiría la zona por completo. Hoy la región ya está en situación crítica, con el lago San Roque y sus aguas en descomposición”, me indicó Ávila Vázquez.
“La nueva ruta 38 por Punilla afecta la ecología del departamento, terminará de colapsar la cuenca del río Suquía, e imposibilitará recuperar el agua de un tercio de los cordobeses. Traer agua desde el río Paraná no es una opción válida”, añadió.
En sintonía con estos conceptos, la APDH Regional Córdoba expuso, a través de un documento reciente, que el proyecto de autovía 38 agravará la situación de emergencia ambiental que atraviesa la provincia.
“… el agua de consumo humano de la red de la ciudad de Córdoba contiene casi el doble de microcistinas que lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Las microcistinas son toxinas procedentes de la extensa eutrofización del lago San Roque, lago que provee el agua para el 75% de la población de Córdoba (una ciudad de 1,5 millones de habitantes), y que los tratamientos de potabilización de agua no logran contener…”, precisó la organización.
“(Esta) eutrofización (descomposición) del lago será acelerada por el impacto ambiental que la nueva autovía de la ruta 38 generará con su carga de desmonte, movimientos de suelos, nuevos desarrollos inmobiliarios y alteración a las ocho cuencas hídricas del lugar que nutren el lago. Más aun, el proyecto no es prioritario e incluso tiene alternativas de recorrido con menor impacto ambiental, con sólo 43 km de mayor recorrido”, añadió.
La ilegalidad del proyecto
La población de Punilla y las distintas organizaciones que acompañan los reclamos expusieron en más de una oportunidad que el proyecto carece de toda legitimidad en tanto su evolución es hija directa de la violación sistemática de leyes y acuerdos.
La traza que se planea viola desde el Acuerdo de Escazú, que establece derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones en los territorios y, también, facilidades para la defensa judicial en asuntos ambientales, hasta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual, entre otras pautas, fija la obligación de consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios.
“Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú y ahí se consagran varios derechos humanos que no se están respetando. Entre ellos, la decisión de quienes viven en el territorio de decidir qué se hará en esos espacios. El acuerdo también tiene un capítulo que consagra la defensa de los líderes ambientales. En este caso, los vecinos que han estado en el acampe merecen protección especial por parte del Gobierno. Es un tratado que no se está cumpliendo al igual que el convenio 169 de la OIT. Y todo por una obra que ni siquiera es para la gente”, dijo Marcela Fernández.
Por su parte, la APDH Regional Córdoba también remarcó que el proyecto “se basa en un estudio de impacto ambiental deficiente y parcial, severamente cuestionado por áreas técnicas universitarias y la mismísima comunidad afectada por el proyecto”.
“Por ejemplo, este estudio de impacto ambiental fue realizado y firmado por un solo profesional experto en biología, siendo que un estudio integral debería ser realizado por un equipo interdisciplinario que incluya profesionales responsables de cada área temática: medio físico, medio natural, medio social y cultural, aspectos económicos, ingeniería y/o procesos productivos, aspectos legales”, amplió.
La intención del gobierno de Córdoba y la Casa Rosada es inaugurar la autovía en el transcurso del año próximo. La estatal Caminos de las Sierras SA y las privadas Paolini Hermanos SA y Chediack, son las empresas beneficiadas con el control de las obras. Las administraciones cordobesa y nacional se han ocupado de esconder los detalles de las licitaciones adjudicadas.
Por supuesto que nada de esto es y será suficiente para acallar a los habitantes de un territorio que sabe de resistencias históricas, se reconoce en la unión entre vecinas y vecinos y que, a pesar de tener a todo el aparato oficial en contra, sigue tejiendo estrategias para mantener a salvo lo mucho de vida que hoy intenta engullirse el peor Estado extractivo.
*Las imágenes son de Unidos por el Monte.
