Ruth Zurbriggen es activista, investigadora y una de las fundadoras de Socorristas en Red (SenRed), una articulación de colectivas que acompaña a mujeres y personas gestantes que deseen interrumpir sus embarazos. Tras 15 años de lucha desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ¿qué nuevos desafíos implica el contexto de pandemia para acceder a un aborto? ¿Es posible Que Sea Ley este año?
Por Sofía D’Andrea
Ilustración Emilia Cuevas
Según un informe de la organización Human Rights Watch (HRW), se estima que se realizan entre 371.965 y 522 mil abortos por año en Argentina. En 2016, 39 mil niñas y mujeres fueron internadas por problemas de salud ocasionados por abortos espontáneos o de otro tipo. De ese total, el 16 por ciento eran niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. Más allá de la pandemia, la ilegalidad y la clandestinidad obligan a que los abortos sigan realizándose con la ayuda de las socorristas. “Cada aborto es un mundo”, recalca Ruth Zurbriggen, fundadora de la organización Socorristas en Red (SenRed) e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El aborto no entró en cuarentena
Socorristas en Red es una articulación voluntaria de colectivas de distintos puntos del país que brindan información y acompañan a mujeres y personas con capacidad de gestar que decidan interrumpir sus embarazos. Antes de que el Covid-19 llegara a la Argentina, este proceso consistía en distintas etapas. “Había un encuentro grupal en el que se le ponía rostro a las personas”, cuenta la activista feminista. En estos talleres, las socorristas y les que quisieran abortar compartían un espacio cuidado y de empatía previo al aborto. Luego, desde la colectiva les asistían con la toma de la pastilla y ofrecían controles en el sistema de salud con médiques simpatizantes a la causa, siempre y cuando elles quisieran asistir.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) sumó una nueva dificultad para acceder a este derecho. En SenRed, los talleres grupales se cancelaron y ahora se realizan individualmente mediante videollamadas. Este proceso lleva mucho tiempo ya que las socorristas deben adecuarse a los horarios y los espacios de las mujeres y personas gestantes, que a veces prefieren no contarle de su embarazo a su familia. Al respecto, Zurbriggen explica: “A través de este medio virtual hay que imaginarse más la situación que está viviendo la otra persona. Algunas tienen que poner la excusa de que salen veinte minutos a la verdulería para poder hablar tranquilas”.
Entre el primero de enero y el 30 de junio de este año, los datos de sistematización de SenRed arrojan que acompañaron un total de 9.134 abortos. “Se ha logrado mucho junto al sistema de salud, aunque sigue habiendo desigualdad en las provincias y ciudades que no aplican los diversos proyectos que están vigentes para la interrupción del embarazo”, sostiene la socorrista. Desde las colectivas lograron armar una red de médiques amigables para que ayuden en estos casos. Pero con los hospitales, clínicas y dispensarios sobrepasados y los distintos problemas que acarrea el coronavirus, la logística de conseguir personal de salud se vuelve una odisea.
¿Aborto Legal 2020?
Previo a la irrupción del coronavirus, existía un panorama muy favorecedor para que el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se aprobara. Diecinueve días antes del anuncio del ASPO, en la apertura del Congreso, el presidente Alberto Fernández se posicionó a favor del aborto legal. Allí manifestó su compromiso de enviar el proyecto de ley a diputados y senadores, pero la situación sanitaria en el mundo cambió el orden de prioridades legislativas. La investigación de Human Rights Watch detalla que, en mayo de 2020, el gobierno de Argentina se sumó a decenas de otros países alrededor del mundo al firmar la declaración “Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta con perspectiva de género ante la pandemia de Covid-19”.
Según estos lineamientos, Argentina debería asegurar que el aborto sea tratado como un servicio médico esencial mientras se prolongue la pandemia, garantizando la prestación de los servicios, bienes e información a las provincias y los municipios. También debería posibilitar la realización de consultas médicas a través del sistema de telemedicina para cualquier persona que solicite un aborto o información sobre el procedimiento de manera gratuita o con un arancel accesible. Asimismo, se debería garantizar que las mismas puedan acceder a un aborto desde su hogar y que los médiques puedan recetar los medicamentos necesarios.
Sin embargo, siguen existiendo muchas trabas para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo. La situación en las provincias donde el lobby anti derechos pisa más fuerte es aún peor. Según el Ministerio de Salud de la Nación, en diciembre del pasado año sólo diez de las 24 provincias adherían al protocolo para la ILE sin ningún tipo de requisitos.
Zurbriggen cree que es muy difícil que la ley se pueda debatir este año, aunque rescata el hecho de que Fernández se haya manifestado a favor de su implementación. “Es muy importante que, por primera vez, un presidente haya dado su opinión de manera clara acerca del aborto”, remarca. Sin embargo, aclara que aunque el aborto legal es una deuda urgente para las mujeres en la Argentina, quizás hoy no estén las condiciones más favorables dado que el sistema de salud está colapsado.
La pandemia invirtió el orden de prioridades de muchas luchas. Pero la libertad y control de los propios cuerpos no puede ser cajoneado. El pasado 28 de septiembre se cumplieron 15 años de lucha desde la Campaña. El Aborto Legal, Seguro y Gratuito es urgente. ¿Hasta cuándo este derecho nos va a ser marginado?
