El Gobierno no se define en avanzar o retroceder con la expropiación, y la medida podría funcionar como bisagra de su gestión.
Mientras se desarrolla el banderazo “en defensa de la propiedad” convocado por sectores opositores, el Gobierno de Alberto Fernandez sigue enpantanado con el tema Vicentin, permitiendo mensajes contradictorios y abriendo el cauce a un conflicto que parece estallar en las manos de la gestión sin la menor previsión.
Las últimas novedades eran un fallo judicial adverso a la decisión de expropiar la empresa, el anuncio de que el gobierno retrocedía de su impulso inicial de expropiar ante el replanteo, junto con el gobernador santafesino Omar Perotti, para generar una medida intermedia: el desplazamiento del directorio actual y una intervención judicial que designe un Órgano Interventor de la megaempresa.
Las contracciones, el ida y vuelta, la indefinición, son elementos negativos para la imagen de gestión de gobierno: confirma que las decisiones de importancia no son asumidas con total convencimiento desde el principio y que pueden ser modificadas por la presión de los grandes poderes económicos. Si Fernández retrocede con su propia propuesta de expropiación, sería el segundo paso atrás en poco tiempo, frenado otra vez por los grupos empresarios: primero fue el impuesto a las grandes riquezas (medida que ya no figura en la agenda del gobierno) y ahora sería el paso atrás con la expropiación.
Cualquier decisión que no se confirme la expropiación anunciada sería una señal de debilidad para el gobierno y para Fernández en particular (quien es, en el caso Vicentin, el rostro protagónico de la propuesta de intervención) y, al mismo tiempo, un triunfo para la oposición de derecha, para los sectores del poder empresario y para quienes intentan aprovechar el tema Vicentin como una batalla similar a la de la Resolución 125, que significó una concesión a las patronales del campo. Pero además, sería un grave antecedente de cómo se maneja un caso de corrupción flagrante entre una empresa privada y la gestión macrista, y permitiría que los responsables de estafar al Estado queden libres y cierren el negocio con un fraude gigantesco.
Se viven horas determinantes. El gobierno puede avanzar o retroceder, pero no puede imponer una pausa o dilatar una definición. El “banderazo” de hoy no es significativo en términos de capital político sólo si el gobierno no retrocede al aceptar las imposiciones de los sectores del poder empresarial. El tema se definiría en pocos días, y habrá que señalar que en su desenlace se configura el perfil que tendrá la gestión de acá en adelante. Vicentin hoy es una bisagra para el gobierno y para Fernández
