Violencia institucional: un flagelo que se repite

Por Juan Borges

La violencia institucional es el término que se utiliza para designar a la ejercida por el Estado y sus instituciones para mantener el control social sobre los trabajadores y trabajadoras. Desde la consolidación del Estado moderno, se necesitó ejercer el poder represivo para garantizar la obtención de plusvalía y mantener controlado al ejército industrial de reserva.
La expresión más visible de la violencia institucional es el llamado “gatillo fácil”. Práctica que se realiza cada vez que algún o alguna joven es asesinado por las balas de efectivos de diferentes fuerzas de seguridad. Ya sea la policía de la provincia de Buenos Aires, policía metropolitana o federal, gendarmería o prefectura. De hecho los índices de culpabilidad colocan a las fuerzas policiales entre las más severas a la hora de ejercer su autoridad utilizando la violencia. Teniendo en cuenta las estadísticas recabadas por organizaciones de derechos humanos que denuncian estas prácticas, Correpi, Cels o Comisión provincial por la memoria, un joven es asesinado cada veinte horas por este tipo de crímenes.

También hablamos de violencia institucional cuando nos referimos a los malos tratos en comisarías, vejaciones en contextos de encierro, incluso abusos de autoridad en la vía publica y hasta represión a sectores obreros organizados en situaciones de reclamo. Asimismo la violencia de género y situaciones abusivas o de acoso callejero por parte de efectivos de seguridad también constituye violencia institucional.
Además de mecanismos de control y recaudación ilegal de sectores policiales también es visible el sesgo de clase que constituye la violencia institucional. Los miles de jóvenes asesinados por las diferentes fuerzas de seguridad en un 95 % de los casos son de clase trabajadora y humilde. Eso expresa una evidente práctica clasista de una fuerza represiva  que garantiza los intereses de la clase poseedora de los medios de producción. Es la misma clase que detenta todo lo demás en nuestra sociedad como expresaría Rodolfo Walsh.
Entre los casos más emblemáticos de gatillo fácil podemos mencionar los de Luciano Arruga, asesinado por no querer robar para la policía. Durante el año 2020 la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. Asimismo cientos y miles que no cesan, al contrario, aumentan evidenciando una impunidad garantizada por la gestión de Sergio Berni en la provincia de Buenos Aires.
La llamada “Doctrina Chocobar” fue impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. Un efectivo asesinó por la espalda a un joven y dicho gobierno condecoró al homicida y lo colocó como un ícono de la función de “los servidores de la ley”. Una vez retirado del poder dicho gobierno, y con el recambio hacia otra fuerza política, el paradigma no cambió. Expresiones discursivas manifestaron su disconformidad con dichas prácticas. Sin embargo durante el ASPO de 2020 los casos de gatillo fácil proliferaron notablemente.
Sin embargo, las familias nunca dejan de luchar por justicia para sus víctimas. En ese sentido cada año el 27 de agosto se realiza la marcha nacional contra el gatillo fácil. Este año se realizó con una masiva concurrencia de familiares y organizaciones sociales y políticas. El reclamo es por justicia y la implementación de políticas efectivas para terminar con este flagelo que se descarga sobre jóvenes de sectores populares.
Violencia y gatillo fácil Nunca Más.

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