El gobierno nacional con Alberto Fernández a la cabeza decidió enviar el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo el 17 de noviembre para que sea tratado en el Congreso Nacional en sesiones extraordinarias. El debate comenzó ayer alrededor de las 13 horas y varios actores dieron su discurso en el recinto. Todavía restan otras dos jornadas de exposiciones que finalizarán el jueves. Al parecer, la votación en Diputados será el 10 de diciembre. En paralelo, el lunes también se presentó el Programa de los Mil Días. Un recorrido histórico, político, mediático y actual del proceso que vuelve a poner a las feministas en la calle y frente a las pantallas para seguir el debate. Otra vez la pregunta es: ¿aborto clandestino o legal?
El reloj retorna a cero, la arena se vuelve a escurrir y una pregunta planta bandera nuevamente en los corazones que portan el pañuelo verde: ¿Será esta vez?
El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo por fin llegó al Congreso luego de una larga espera. El presidente Alberto Fernández anunció por Twitter el cumplimiento de la promesa que lanzó en la apertura de sesiones extraordinarias aquel 1 de marzo de este año cuando dijo que “el Estado debe proteger a los ciudadanos en general y, obviamente, a las mujeres en particular. En el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar las decisión individual de sus miembros a disponer libremente de su cuerpo”. En ese momento, el plazo fijado fue de 10 días, pero la espera se hizo eterna debido a la irrupción de un condicionante mundial que obstaculizaría todas las decisiones políticas: la pandemia del coronavirus. Luego del fuerte reclamo de la sociedad que viste el pañuelo verde, el día tan deseado llegó. ¿Qué desafíos se ponen en puja en este nuevo escenario?
En aquel momento, Alberto Fernandez también fue claro, este proyecto no iría solo: “Distintos son los desafíos que enfrentan las mujeres que desean tener a su hijo de aquellas que deciden interrumpir el embarazo […] Un Estado que cuida debe acompañar a todas las mujeres para que estos procesos se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud”, afirmó en las sesiones. El proyecto para garantizar la IVE en todas las instituciones de salud del país va acompañado de un segundo programa que se titula “Mil Días” y que tiene como objetivo respaldar económicamente a aquellas mujeres que deciden continuar con la gestación y llevar adelante un embarazo. Su tratamiento comenzó el lunes de esta semana y será en paralelo al del aborto. Algunxs dirán que es una manera de intentar apaciguar las demandas de las personas que militan el pañuelo celeste —idea que no parece descabellada—. La realidad es que este segundo proyecto que favorece a las mujeres y las personas gestantes no generó interés en el sector antiderechos sino, mejor dicho, críticas.
Un recorrido histórico desde el 2018
En el 2018, la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito presentó por octava vez su proyecto. La derrota ese año fue contundente en niveles legislativos, pero se logró una victoria importante y fue lo que pasó a llamarse la “despenalización social”. El aborto dejó de ser un tema tabú: comenzó a ocupar un espacio en la agenda pública de los medios de comunicación, en las mesas familiares y en las charlas entre amigxs. Distintas feministas recorrieron los canales de televisión intentando introducir en las discusiones mediáticas algunos de los argumentos que el movimiento ya sabía de memoria: los abortos clandestinos se llevan la vida de miles de mujeres y esa falencia la debe sanar el Estado. Lo llamaron “Efecto Rial” ya que fue en este programa donde se dio el mayor suceso.
Con la marea verde también aterrizaron en los medios personalidades nefastas como la de Amalia Granata, Viviana Canosa, Gastón Recondo y Nicole Neumann para dar su opinión subjetiva y sin fundamentos científicos ni estadísticos en contra de garantizar este derecho. Básicamente, se encargaron de difundir una catarata de desinformación a la cual muchos adeptos religiosos respondieron, acataron y hasta tomaron cartas en el asunto. Las noticias se posaron en los abortos que los pañuelos celestes lograban obstaculizar. El titular “Niñas madres con mayúsculas” del Diario La Nación el 1 de febrero del año pasado quedó para el recuerdo de la falta de perspectiva de género de algunos periodistas.
Pero la lucha continuó y en el 2019, en medio de un año electoral, los partidos políticos más populares del país hicieron sus apuestas: el Frente de Todxs se declaró abiertamente a favor del aborto; el macrismo alzó sus pañuelos celestes aunque hacia adentro del movimiento muchxs de sus integrantes estaban declaradamente en el vereda de enfrente. Es así que recordaríamos el caso de Daniel Lipovetsky y Silvia Lospenato con una memorable actuación en el tratamiento del 2018. Aunque la posición de Macri no era novedad, la habilitación del debate en el año anterior le había otorgado al “feminista menos pensado” —como algunos medios intentaron etiquetarlo— la posibilidad de hacerle un guiño a los sectores más progresistas sin tener que pagar ningún costo. Claro estaba que el ex presidente tenía puro conocimiento de que el proyecto no se aprobaría. Además, la jugarreta le serviría como pantalla para desviar la atención por un buen rato de la compleja situación económica que atravesaba el país en su momento y que era producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la mala administración política de su gobierno.
Las divisiones políticas también se hicieron sentir dentro del movimiento feminista. Lo que antes era una unidad que reclamaba por el derecho al aborto comenzó a resquebrajarse cuando lo que se puso en juego fue el modelo de país al que se apostaría en las elecciones presidenciales de octubre de 2019. Es que también había un argumento claro para desconfiar de las buenas intenciones del Frente de Todxs: en 12 años de gobierno kirchnerista, el aborto jamás se había debatido con la profundidad que se logró en 2018. Todavía el movimiento feminista recordaba con temor la polémica frase de la ex presidenta Cristina Kirchner en el Foro Mundial del Pensamiento Crítico organizado por CLACSO posterior al tratamiento de la IVE cuando dijo: “En nuestro espacio hay pañuelos verdes, pero también hay pañuelos celestes. Y tenemos que aprender a aceptar eso sin llevarlo a la división de fuerzas”. Entonces una duda se ponía en juego: ¿era una jugada de campaña o realmente era una decisión política?
El interrogante quedó cerrado cuando Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso demostró sus intenciones de abordar la problemática, despenalizar el aborto y legalizarlo, pero la concreción tardó ocho meses en llegar. Una crítica se alzó contra el primer mandatario: ¿Por qué presentar un texto propio y no el de la Campaña?
Nuevo proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo
“El proyecto toma los consensos alcanzados en 2018”, aseguró la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, en una entrevista en Radio Con Vos minutos después del anuncio del presidente. Hace algunos días, hubo una alegría que se expresó claramente en las redes sociales. La organización que lucha para que este derecho sea garantizado desde el 2003 efectuó un comunicado al respecto: “La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito saluda la presentación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embrazo (IVE), redactado por el Poder Ejecutivo Nacional, y espera que de inmediato inicie su tratamiento en el Congreso de la Nación, a la par de nuestro proyecto, que fue presentado el 28 de mayo de 2019 con el apoyo de las más de 70 firmas de representantes legislativos de todo el arco político y que aún cuenta con estado parlamentario”.
“El proyecto tiene una completitud notable en relación a nuestra perspectiva y nuestras expectativas, porque delimita obligaciones respecto de la punición. En ese sentido, incluye algunos puntos de vista que son inexorables por parte del Estado. Es la primera vez que el gobierno argentino presenta este proyecto y obviamente va a reparar en aspectos que no pueden quedar a la intemperie. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito tiene su propio proyecto que tiene mucho trajín, pero no contempla algunos aspectos que sí debe tener en cuenta el gobierno”, afirmó para Sudestada Dora Barrancos, asesora del gobierno y ferviente militante feminista.
El texto se presentó con la idea de saldar la discusión “aborto si o no” y con la lucidez de llevar el debate a la cuestión real que es si los abortos se siguen realizando de manera clandestina o pasan a ser parte del sistema de salud de la Argentina. Además, contempla varias ampliaciones: “Me refiero a ciertos criterios sobre la aplicación de la punición. La Campaña no tiene previsto este punto, pero un proyecto que emana con tanta integralidad y que contempla distintas dimensiones y perspectivas tiene que incluir aspectos de punición que, por otra parte, existen en cualquier lugar donde se ha legislado sobre el aborto”, agregó Barrancos.
En el artículo 4, el proyecto establece el derecho a decidir y acceder a un aborto hasta la semana 14 inclusive, y fuera de ese plazo en el caso de riesgo para la vida o la salud, o si el embarazo fuera producto de una violación. Además establece el derecho a recibir atención postaborto independientemente de que la forma en la que se haya llevado adelante la intervención. Por otro lado, garantiza un plazo de 10 días como máximo y de corrido desde que se realiza la solicitud para que se efectúe el aborto y exige capacitar al personal de salud en los contenidos de la ley y las normativas que esta misma contempla.
El proyecto presentado por el Ejecutivo también ampara en las edades: en este caso, las o les menores de 13 años deberán brindar su consentimiento informado con la asistencia de alguno de sus progenitores, representante legal o adulto de referencia. Desde los 13 a los 16 años la decisión es individual al menos que el procedimiento a realizar implique un riesgo grave para su salud. En este caso aplica el mismo criterio que para las y les menores de 13. Por parte del personal de la salud, estos deben garantizar un trato digno, confidencialidad y deben propiciarle a la persona la información suficiente antes de realizar el procedimiento.
El proyecto establece que el aborto debe ser cubierto de manera gratuita tanto en el sector público como en las entidades prepagas de todas las obras sociales y todos los servicios médico-asistenciales Esto incluye el amparo total de las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
Una de las cuestiones que había generado debate en el 2018 era la objeción de conciencia. Vale aclarar que este derecho está garantizado por la Constitución Nacional en su artículo 19 e implica que nadie puede ser obligado a actuar en contra de sus convicciones. Este ítem regulatorio aplica solo para los individuos, es decir que no es posible que las instituciones se lo adjudiquen. En este punto, el proyecto detalla que la paciente igualmente debe ser derivada y atendida sin dilaciones. En el caso de que la vida o la salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata, este derecho no podrá ser negado.
“La Campaña no hizo mención —ni podría de ningún modo haberlo hecho— en su proyecto sobre la objeción de conciencia. No prevé esta posibilidad; e hizo muy bien en no preverla. Ocurre que en la elaboración que ha hecho el Ejecutivo ha tomado aspectos que habían conseguido consenso en las discusiones del 2018. Uno de esos consensos fue dar la posibilidad de objeción de conciencia”, contempló Barrancos.
Por otro lado, es importante evidenciar que el proyecto habla de mujeres y personas gestantes como las identidades contempladas y que le exige el Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los Municipios que apliquen Ley de Educación Sexual Integral con políticas activas que se amparen en todas las leyes vigentes. En relacion a los puntos penales, hay una nueva consideración que respecta a funcionarios públicos, autoridades de establecimientos de salud o personal que dilaten, obstaculicen o nieguen el acceso a un aborto con una detención de tres meses a un año. También se reduce la pena máxima para personas gestantes que desean abortar y están fuera de los motivos amparados por la ley: pasará a ser de cuatro a tres años, es decir que esta acción se convierte en excarcelable.
La condena para aquellos que practiquen un aborto sin consentimiento de la persona gestante es de tres a diez años y se aumenta la pena para quienes lo causen sin tener intensión pero en donde se note el avance del proceso de la persona gestante. “Lo único que se hace es que se aumenta la escala punitiva al máximo teniendo en cuenta la inflación punitiva en el último siglo”, dijo la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad sobre este último artículo ayer en la presentación del proyecto.
Programa de los Mil Días
Este proyecto tiene una mirada integral sobre la atención en materia de salud de las personas que atraviesan el período gestacional y a los niños, niñas y niñes en sus primeros tres años de vida. En ese sentido, esta segunda iniciativa crea una asignación para quienes tengan a cargo un niño, niña, niñe a cargo —compatible con la AUH— y extiende algunos beneficios que ya eran otorgados por el Estado y que alivianan la economía de las familias. Por ejemplo, se elimina la obligatoriedad de contar con seis meses de antigüedad laboral para cobrar la asignación por nacimiento; también se amplia tres meses la Asignación Universal Por Embarazo. Además, estos beneficios comenzarán a aplicarse también para las personas que no están dentro de la formalidad laboral.
A su vez, crea por ley un certificado de hechos vitales y elimina tazas de algunos trámites vinculados a la registración de las y los recién nacidos/as. Por último, exige la capacitación a los equipos de salud en materia de salud integral. Un dato no menor es que este proyecto contempla que el Estado Nacional garantice de manera gratuita de los medicamentos esenciales, vacunas y algunos alimentos específicos para el desarrollo de la persona durante el embarazo y los primeros años de vida de la persona nacida. En este combo también se contempla la trombofilia.
Un punto revelador de esta iniciativa es que también considera la detección temprana de abusos o violencia en materia de género a través del trabajo de los/las obstetras. En conclusión, estos dos proyectos dialogan mucho entre sí para garantizar el derecho a todas las personas y a sus distintos planes de vida.
Situación en el Congreso
Desde las distintas fuentes oficiales dieron a entender que la demora se debió a la necesidad del Poder Ejecutivo de conseguir la aprobación del proyecto. Cabe destacar que legislativamente ambos tienen un camino independiente, es decir que pueden aprobarse como no y que la aprobación o desestimación de uno no influye en el otro.
Hay un dato que no es menor para lograr conquistar los votos faltantes. Esta es la primera vez que el Poder Ejecutivo hace una presentación de estas características y el gesto político es rotundo: hay una clara decisión para lograr la aprobación. Al parecer, la votación en Diputados será el 14 de diciembre. Es importante también tener en cuenta que ambas cámaras están presididas por políticos a favor del aborto (Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner) y también las comisiones que deben otorgarle el visto bueno para que el tratamiento se encause comulgan con este pedido: Cecilia Moreau (Legislación General – cabecera); Mónica Macha (Mujeres y Diversidades); Pablo Yedlin (Salud); y Carolina Gaillard (Legislación Penal).
Aunque no hay cifras oficiales, cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos mal realizados y desde la recuperación de la democracia al menos 3000 mujeres fallecieron por la clandestinidad. “La legalización disminuye la práctica del aborto y eso es lo que queremos todos y todas”, aseguró Alcorta en el cierre de su presentación. “Esto no es un problema igual para todas las argentinas, acá la injusticia se ve claramente: quienes enfrentan más barreras para acceder a la práctica son las que viven en condiciones de vulnerabilidad. Entonces este es un proyecto que genera justicia social”, sostuvo el ministro de Salud Ginés González García previamente en el orden de expositores.
El debate regresa al foco de la disputa social y política. Nuevamente se volvió al punto de partida legislativo para esta vez lograr una respuesta satisfactoria para las miles de mujeres y personas gestantes que reclaman por este derechos. La sociedad espera un debate a la altura de las circunstancias y que el Congreso no vuelva a caminar para atrás.
¡Que sea ley!
