Este sábado vence el plazo para que la jueza Ballestero solicite que le quiten los fueros al legislador Ricardo Bussi, denunciado por abuso sexual. Una vez más, las redes sociales se transforman en lugar de encuentro para reclamar y alzar la voz: el grito es feminista y le exige a a la Justicia que no haga oídos sordos frente a la violencia patriarcal.
Por: Revista Sudestada
Luego de la denuncia por abuso sexual y usurpación de identidad contra el legislador tucumano Ricardo Bussi, este sábado 22 vence el plazo para que la jueza Carolina Ballestero le solicite a la Legislatura tucumana que le quite los fueros. Si el hijo del genocida Antonio Domingo Bussi no es removido del cargo, el pedido quedará suspendido hasta que finalice su mandato. En caso de que suceda lo contrario, la decisión deberá ser sometida a votación en la Legislatura.
El Código Procesal Penal de Tucumán dispone que en caso de recibir una denuncia contra un legislador, funcionario o magistrado hay un plazo de 60 días para recolectar los elementos necesarios para que un juez solicite el desafuero. A casi dos meses de realizada la denuncia, Ballestero aún no se ha expedido. El reclamo por justicia hizo eco en las redes sociales bajo el hashtag #BastaDeAbusos.
Una historia de hostigamiento
En junio de este año, Bussi fue denunciado por “Lupe”, una mujer de 26 años que trabajaba con él y cuya identidad fue reservada. Su denuncia contiene dos acusaciones: una por abuso sexual y otra por usurpación de identidad. Esta última era el motivo por el cual la joven se encontraba en la Legislatura el día del abuso. Según trascendió, sus datos habían sido utilizados para abrir una cuenta a la que se giraron 600 mil pesos. En ese entonces, el legislador la había citado en su despecho para hablar del asunto y allí la obligó a practicarle sexo oral.
Desde que Lupe realizó la denuncia recibe amenazas constantemente. Las intimidaciones llegaron al punto de saquear su vivienda; en aquella oportunidad, le robaron electrodomésticos, ropa, muebles e incluso asesinaron a su gato. Además, le dejaron un mensaje pintado con aerosol en el fondo de su casa que decía “Aki estoy”. La agrupación Ni Una Menos Tucumán inició una colecta económica hace algunas semanas para que la joven pueda reponer algunos de los elementos básicos y siga adelante con la denuncia.
Tucumán en la mira
La provincia de Tucumán está en el foco de la tormenta desde hace tiempo. El caso de Bussi remite a una situación similar a fines del 2019, cuando la sobrina del senador José Alperovich lo denunció por haber abusado de ella. “Durante un año y medio, mi tío violentó mi integridad física, psicológica y sexual”, decía la víctima en una carta pública. Cabe destacar que a fin de mes se vence la licencia por 90 días que el bloque kirchnerista le impuso al ex gobernador.
Otro de los funcionarios denunciados por abuso sexual es José Orellana, ex diputado nacional e intendente de Famaillá. El ex legislador “Mellizo” fue acusado por Agustina Poch, una ex empleada de la Cámara de Diputados, en noviembre de 2016. La última novedad del caso es que la Cámara de Apelaciones decidió revocar su sobreseimiento y dar cause al juicio.
Las redes sociales como espacio de disputa
Distintas organizaciones feministas alzaron la voz esta semana para exigir que se escuche el pedido de Lupe y poner fin a la impunidad que parecen gozar quienes forman parte de la cúpula del poder. Frente la imposibilidad de salir a las calles para manifestarse, buscaron visibilizar la urgencia de la situación en las redes sociales utilizando los hashtags #DesafueroBussi, #JusticiaParaLupe y #BastaDeAbusos.
El vencimiento del plazo para lograr el desafuero de Bussi es inminente. ¿Estará la Justicia a la altura? ¿O será este otro caso en el que elija hacer odios sordos a los reclamos de la sociedad?
