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Soberanía alimentaria, una materia pendiente en Argentina


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La crisis producto de la pandemia de COVID-19, el fallido intento de estatizar Vicentin y el debate en torno a la instalación de megafábricas de chanchos en Argentina pusieron la discusión en torno al modelo agroalimentario en boca de todxs. Los medios de comunicación y distintxs dirigentes políticos se refirieron a esta problemática, que también caló en las redes sociales. Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos “soberanía alimentaria“?

Por la Unión de Trabajadorxs de la Tierra
Foto Vicky Cuomo

La Soberanía Alimentaria implica el derecho de los pueblos a una alimentación saludable y nutritiva y a decidir su propio sistema agroalimentario. El concepto surgió como propuesta de la Vía Campesina, un movimiento internacional que reúne organizaciones campesinas e indígenas en más de 80 países hace 25 años. Se trata de un programa político que tiene como objetivo transformar el modelo productivo actual para poner en el centro el derecho a la alimentación sana y segura por sobre los intereses de las industrias alimentarias concentradas.

Un modelo que no da respuestas

En Argentina, el 1 por ciento de las empresas agrarias controlan el 36 por ciento de la tierra cultivada. Solo el 13 por ciento de la tierra está en manos de pequeñxs productorxs que, sin embargo, producen más del 60 por ciento de alimentos que circulan en el mercado interno. La propuesta de Soberanía Alimentaria nace como una respuesta al avance del agronegocio, los alimentos transgénicos y los agrotóxicos que se presentaban como la solución a la crisis alimentaria global. Veinticinco años después, vemos cómo ese modelo no sólo no trajo las soluciones prometidas sino que, por el contrario, significó más hambre, más concentración, más contaminación, más enfermedades y una expulsión permanente y progresiva de las comunidades campesinas e indígenas de sus territorios.

Según datos de UNICEF, en 2019 el 8,6 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina vivía en hogares que no alcanzaban a cubrir la canasta básica de alimentos. Además, un informe sobre derecho a la alimentación de la Organización de las Naciones Unidas indicó que solo un 6 por ciento de la población consume la cantidad de frutas y verduras recomendada por la Guía Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud, mientras que nuestro país es tristemente célebre en la región por liderar el consumo anual de productos ultraprocesados per cápita.

Verdurazo en Plaza de Mayo. Foto: Pepe Mateos

Otro sistema es posible

Es evidente que ya no podemos mirar para el costado. Necesitamos discutir qué modelo agroalimentario queremos. Desde la Unión de Trabajadorxs de la Tierra creemos que el nuevo paradigma debe ir de la mano de la agroecología y de un sistema de producción sustentable, que proteja la vida y la salud de productorxs y consumidorxs; un modelo político y social que propone trabajo digno, comercio justo, cuidado del ambiente y de la biodiversidad. Y sabemos que es posible hacerlo porque ya es una realidad de la mano de pequeñxs productorxs como Delina Puma, coordinadora del Consultorio Técnico Popular (CoTePo) de la UTT, o Josué Trujillo, productor de la localidad de El Pato, Berazategui, cuya quinta fue la segunda del país en recibir la certificación agroecológica.

Bajo esa convicción, trabajamos todos los días en cada rincón del país para garantizar alimentos sanos y a precios justos para el pueblo. En cada campo, en cada quinta, en el conurbano, en el monte o en la cordillera, las más de 17 mil familias que formamos parte de la UTT -cooperativas lácteas, pequeñxs productorxs frutihortícolas, familias crianceras, floricultorxs- somos la prueba de que es posible producir de otra forma y que no es cierto el mito de que necesitamos el paquete tecnológico.

Por una Ley de Acceso a la Tierra

Estamos convencidxs de que un modelo agrario soberano y popular es posible, y que ese es el camino hacia la soberanía alimentaria. Pero para lograrlo necesitamos políticas públicas y un Estado que intervenga de forma activa en el mercado de producción de alimentos. Por eso, en agosto presentamos por tercera vez nuestro proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, que busca crear un Procrear Rural para que lxs pequeñxs productorxs puedan acceder, a través de créditos blandos, a una vivienda digna y a una parcela donde producir alimentos. Esto solucionaría muchos de los problemas que hoy acarrea la industria agroalimentaria, como la hiperconcentración, la especulación de precios, la contaminación y el trabajo informal o esclavo.

Chacra Agroecológica en Plaza de Mayo por la Ley de Tierras. Foto: Sergio Goya

“El acceso a la tierra para una familia productora implica garantizarles sus derechos y una vida digna, pero también significa alimentos sanos y a precios justos para el pueblo. Estamos planteando un proyecto que no solo trae beneficios para lxs agricultorxs, sino que también podría ser la respuesta a la crisis alimentaria que hoy vive nuestro país”, explicó Zulma Molloja, vocera de nuestra organización, cuando presentó el proyecto frente a la Casa Rosada.

Si la pandemia vino a sacudir nuestra normalidad y obligarnos a pensar qué mundo queremos vivir, debemos preguntarnos a qué normalidad queremos volver. ¿Una que llene los bolsillos de unos pocos a costa del hambre de muchxs o una en la que se garantice el derecho a la alimentación de los pueblos? ¿Una en la que el 1 por ciento más rico siga viviendo a costa de la pobreza de muchxs o una con vida digna para todos, todas y todes? Nosotrxs estamos convencidxs: la nueva normalidad debe ser con soberanía alimentaria. Ahora es cuando.

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